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Durante un evento de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Astrid Martínez Ortiz, presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), evidenció la presión que recae sobre las finanzas públicas colombianas en la actualidad. Martínez Ortiz señaló que la creciente rigidez del gasto público y el desequilibrio fiscal constituyen los desafíos económicos más apremiantes que atraviesa el país. Según su análisis, el gasto del gobierno central ha alcanzado un preocupante 23,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024, mientras que los ingresos apenas han registrado un alza de 0,3 puntos porcentuales desde 2019. Esta combinación ha dado lugar a un pronunciado déficit fiscal, de acuerdo con cifras presentadas en el evento.
La presidenta del CARF advirtió además que este desequilibrio persistente se refleja en un aumento del endeudamiento público, el cual llegó al 61,3 % del PIB en 2025 y podría sobrepasar el 63 % en 2026. De mantenerse esta tendencia, Colombia necesitaría alcanzar un superávit primario del 1,8 % del PIB y aplicar recortes al gasto que amenazarían el funcionamiento estatal, situación que ha levantado alarma también en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha registrado un crecimiento acelerado de la deuda pública en América Latina desde la pandemia (FMI, Informe Fiscal 2024). El margen para destinar recursos a inversiones sociales y productivas se ha visto, por tanto, considerablemente restringido.
En cuanto al crecimiento económico, el principal motor ha sido el consumo interno, mientras que la inversión sigue mostrande signos de rezago. Esta circunstancia, según estudios del Banco Mundial, contribuye a la incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento sostenido en el mediano plazo y agrava retos estructurales como la baja productividad y la escasa generación de empleo formal.
Respecto a la inflación, aunque las cifras revelan una disminución del 13,3 % en marzo de 2023 al 4,9 % en julio de 2025, Astrid Martínez Ortiz aclaró que la baja sigue siendo lenta y no se ha consolidado una tendencia firme, lo que dificulta la posibilidad de reducir las tasas de interés de manera significativa. De acuerdo con el Banco de la República, la inflación subyacente se mantiene sobre el rango objetivo establecido.
En el frente externo, se observa una moderación en el déficit de cuenta corriente desde 2023 tras niveles críticos en años previos, señalando una mejoría en la balanza comercial del país. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advierte que un auge inesperado en las importaciones, derivado de una mayor demanda de bienes de capital y materias primas, podría reabrir riesgos para la estabilidad externa.
Un asunto que requiere especial atención es la creciente inflexibilidad del gasto público: según el Departamento Nacional de Planeación (DNP, Informe 2025), en 2026 el 88 % del presupuesto nacional será de carácter inflexible —es decir, no susceptible a modificación— y podría superar el 90 % en el mediano plazo. Este fenómeno se debe, principalmente, a compromisos asumidos legal y constitucionalmente en áreas como salud, pensiones y servicio de la deuda.
Mirando hacia adelante, Astrid Martínez Ortiz consideró indispensable un ajuste fiscal equivalente al 4,1 % del PIB anual entre 2026 y 2030, acompañado por reformas profundas que impulsen el crecimiento, flexibilicen el gasto y fortalezcan la capacidad tributaria. Este planteamiento es coherente con las recomendaciones de organismos internacionales como la OECD, que insisten en optimizar la eficiencia del gasto público y expandir la base de contribuyentes.
Por último, la presidenta del CARF hizo un llamado al Congreso para que asuma su papel fundamental en la definición de la carga tributaria y las prioridades de gasto, un aspecto central para la credibilidad y el equilibrio fiscal. Esta exhortación resalta la importancia de la gobernanza fiscal por parte del legislativo, cuyas decisiones serán claves para la sostenibilidad de las políticas públicas en los próximos años.
¿Qué implica la “regla fiscal” en el contexto de Colombia?
La “regla fiscal” en Colombia constituye un marco normativo que establece límites a los niveles de déficit y deuda pública permitidos para el gobierno, con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas estatales, según lo explicado en el texto. La puesta en práctica y vigilancia de esta regla está a cargo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), órgano que, en el contexto actual, ha desempeñado un papel clave en alertar sobre las restricciones y riesgos estructurales asociados al endeudamiento y al gasto inflexible en el país. Comprender este concepto resulta esencial porque delimita el espacio de maniobra que tiene el gobierno para tomar decisiones de política fiscal frente a nuevas presiones o choques económicos.
¿De qué se habla cuando se menciona “gasto rígido” en las finanzas públicas?
El término “gasto rígido” hace referencia a aquella parte del presupuesto nacional que está sujeta a compromisos legales o constitucionales, como las transferencias para salud, pensiones y el servicio de la deuda, y que, por ende, no puede ser reducida ni reorientada en el corto plazo. En el análisis presentado, se advirtió que la proporción de este gasto en el presupuesto colombiano podría rebasar el 90 % a mediano plazo, restringiendo considerablemente la capacidad del Estado para responder a cambios en las prioridades sociales o económicas. Entender la magnitud del gasto rígido es crucial, ya que afecta la flexibilidad fiscal y la capacidad del gobierno para adaptarse a nuevas demandas o necesidades emergentes.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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