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La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) ha hecho pública una fuerte crítica a la decisión del Gobierno Nacional de Colombia de mantener indefinidamente el impuesto del 19 % sobre los depósitos efectuados en plataformas de apuestas en línea. Según esta organización, que representa a los operadores legales del sector, la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los depósitos distorsiona la base real del negocio de las apuestas digitales, pues no refleja con precisión los ingresos generados por los operadores. En opinión del gremio, esta política fiscal impone una carga excesiva y pone en riesgo la sostenibilidad del mercado regulado.
El argumento central de Fecoljuegos gira en torno al hecho de que la tributación debería establecerse sobre los ingresos netos reales de los operadores o el valor agregado –lo que se conoce como Gross Gaming Revenue (GGR)– y no sobre la totalidad de los depósitos realizados por los usuarios. En la práctica, estos fondos depositados circulan repetidas veces dentro de la plataforma, un fenómeno denominado “turnover”, y solo una pequeña fracción, el 6 %, constituye el ingreso operativo real de la casa de apuestas. El resto, aproximadamente el 94 %, retorna a los jugadores en forma de premios. Aplicar el IVA sobre los depósitos brutos, en vez de sobre el GGR, significa gravar múltiples veces el mismo dinero, resultando en una carga tributaria que podría incluso superar el ingreso neto del operador.
Este problema se agrava cuando se observan las expectativas de recaudo fiscal establecidas por el Estado, que proyectaba ingresos de alrededor de 1,2 billones de pesos anuales con el impuesto. Sin embargo, Fecoljuegos cuestiona estos cálculos, argumentando que parten de una cifra artificialmente inflada y que ignora la realidad financiera del sector. Como ejemplo, de cada depósito de $100, solo $84 pueden ser apostados tras deducir las retenciones, y esa suma se recircula varias veces antes de generar un GGR de $30,2. Si el impuesto se aplica sobre el depósito, representa aproximadamente un 53 % del ingreso real, cifra a la que hay que añadir otros gravámenes como los derechos de explotación o los impuestos parafiscales, elevando la carga fiscal efectiva hasta un 68 %. Esta estructura podría ahogar la actividad formal y empujar a jugadores y operadores al mercado informal.
El riesgo de una tributación excesiva va más allá de las empresas, afectando también la competencia del sector legal frente a operadores internacionales que utilizan sistemas menos gravados, como criptomonedas o medios de pago alternativos. De acuerdo con Fecoljuegos, esto facilita la migración de usuarios a plataformas ilegales, debilitando la recaudación fiscal y disminuyendo los fondos destinados a la salud pública –un sector que depende en parte de los impuestos generados por las apuestas legales.
Expertos en regulación fiscal, como los citados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plantean que en actividades económicas digitales donde circulan grandes montos, pero el margen de ganancia es reducido, la tributación sobre el valor agregado real es fundamental para evitar la evasión y estimular la formalidad. Este enfoque permite que los impuestos sean sostenibles y no incentiven la informalidad. A nivel nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha destacado los desafíos que enfrenta el sector digital en la definición y fiscalización de sus bases imponibles, urgiendo a una actualización de los modelos tributarios que contemple la dinámica particular de las apuestas en línea.
Además, el impacto social y económico de la medida, según análisis de la Universidad del Rosario, involucra a los consumidores, quienes podrían soportar el aumento indirecto de la carga impositiva. Cuando los impuestos vuelven menos atractivas o accesibles las plataformas legales, los usuarios suelen buscar alternativas informales, lo que dificulta los controles estatales y la protección del consumidor. Por ello, Fecoljuegos propone ajustar la base gravable del IVA al Gross Gaming Revenue, permitiendo una competencia más equitativa con operadores extranjeros y salvaguardando los recursos fiscales destinados a la salud pública.
En suma, la discusión acerca de la tributación de apuestas en línea en Colombia ilustra cómo la normativa fiscal debe adecuarse a la realidad de la economía digital para no afectar ni la formalidad del mercado ni la política pública que depende de these recursos. Los fundamentos técnicos presentados por Fecoljuegos cuentan con respaldo de expertos y estudios nacionales e internacionales, reforzando la necesidad de revisar el modelo tributario vigente.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es el Gross Gaming Revenue (GGR) y por qué es importante en la regulación fiscal de apuestas en línea?
El Gross Gaming Revenue (GGR), o ingreso bruto del operador, es el monto que representa la diferencia entre el total apostado por los usuarios y los premios pagados. Es fundamental en el análisis fiscal de las apuestas en línea porque refleja el ingreso real y efectivo que percibe la empresa, y sobre el cual debería calcularse la base tributaria. Esta aproximación permite una tributación más justa en sectores donde el movimiento financiero es elevado pero el margen de ganancia, bajo.
Diferenciar entre el monto de los depósitos y el GGR evita la doble o múltiple imposición, previniendo que se grave varias veces el mismo capital que circula en las plataformas. Esto es fundamental para que la regulación no desincentive la actividad formal ni aliente la informalidad entre operadores y consumidores.
¿Cuáles serían las posibles consecuencias de mantener la actual estructura tributaria sobre los depósitos en Colombia?
Mantener la tributación sobre los depósitos podría tener impactos negativos tanto para el sector formal de las apuestas como para las finanzas públicas colombianas. Una carga fiscal excesiva reduce la competitividad frente a operadores foráneos y aumenta el riesgo de que usuarios y empresas migren hacia el mercado ilegal, donde el Estado pierde capacidad de fiscalización y se ven afectados programas sociales que dependen de estos ingresos.
Además, dificultaría la sostenibilidad de los operadores legales, disminuyendo la recaudación prevista y deteriorando la percepción de seguridad y protección en el sector. Como han señalado expertos y gremios, adaptar el modelo tributario al GGR contribuiría a consolidar la formalidad, mejorar la fiscalización y asegurar los recursos para salud pública que el sector genera.
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