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La justicia colombiana concluyó un extenso proceso contra Fabián Alberto Montoya Calderón, quien fue sentenciado por alterar el sistema de pensiones mediante un sofisticado esquema de fraude. Inicialmente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia impuso una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, tras la apelación del condenado, el Tribunal Superior de Armenia confirmó la responsabilidad penal en 2023, aunque modificó la pena y la estableció en 15 años y dos meses, según se informa en el expediente judicial.
Este caso resulta significativo porque implica el aprovechamiento indebido de recursos destinados a la seguridad social de ciudadanos colombianos. La investigación documentó que entre 2011 y 2014, Montoya Calderón, junto con otro abogado, actuaron como apoderados de varias personas ante el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy conocido como Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Su objetivo era conseguir el reconocimiento de pensiones de invalidez presentando, como prueba, dictámenes médicos falsificados. Estos documentos supuestamente procedían de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, pero en realidad contenían información de identificación que no correspondía a los verdaderos reclamantes de las pensiones.
La actuación fraudulenta de Montoya Calderón permitió que sus clientes obtuvieran de manera ilícita el reconocimiento de pensiones por invalidez. Además, esto implicó el desembolso de retroactivos y mesadas pensionales, lo que perjudicó notablemente el patrimonio tanto del ISS como de Colpensiones. El proceso judicial estableció que Montoya Calderón estuvo detrás de 52 reclamaciones fraudulentas, cuyo valor total ascendió a 2.843 millones de pesos, según la formulación de imputación presentada por la Fiscalía.
En noviembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación, como parte de la investigación y de los procesos paralelos, ocupó bienes localizados en Pereira y Caicedonia, avaluados en aproximadamente 1.000 millones de pesos, los cuales presuntamente son propiedad de Montoya Calderón. La Corte Suprema de Justicia enfatizó la magnitud de la defraudación y explicó que la cifra estimada por la Fiscalía corresponde al daño económico causado por las 52 solicitudes de pensión sustentadas con documentación falsa.
En consecuencia, la Sala de la Corte consideró necesario enviar copias del proceso a la Fiscalía, con el fin de que se determine si procede iniciar la llamada acción de extinción de dominio, que permite recuperar el dinero público entregado de manera indebida. Esta acción busca salvaguardar el patrimonio estatal frente al uso indebido de recursos destinados a la protección social de los colombianos, reforzando así la importancia de la vigilancia en los sistemas de seguridad social.
¿Qué es la extinción de dominio y por qué es relevante en este caso?
La extinción de dominio es una figura jurídica que permite al Estado recuperar bienes cuyo origen o destinación está vinculado con actividades ilegales. En el proceso descrito, su importancia radica en que el valor defraudado al sistema de pensiones podría ser parcialmente recuperado mediante la identificación y ocupación de bienes adquiridos por Montoya Calderón con recursos obtenidos ilícitamente.
Este procedimiento resulta esencial en la lucha contra la corrupción dentro de la administración pública, pues evita que quienes han perjudicado el erario con acciones fraudulentas se beneficien del dinero público. Además, refuerza el compromiso institucional de recuperar activos y proteger los fondos destinados a la seguridad social de los ciudadanos, asegurando que estos recursos puedan seguir cumpliendo su función dentro del sistema pensional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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