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La creciente ola de delitos en Colombia ha encontrado un aliado en los avances tecnológicos y la inteligencia artificial. Los estafadores, aprovechando las innovaciones, han perfeccionado sus métodos para manipular a sus víctimas, y una de las últimas tendencias es la clonación de voz.
Esta técnica permite replicar de manera exacta la voz de una persona a partir de una muestra, lo que facilita la perpetración de fraudes con una precisión alarmante. La capacidad de imitar cualquier voz, incluso en diferentes idiomas, amplía el alcance de esta amenaza.
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El abogado Jimmy Jiménez, del bufete Integrity Legal, advierte que “la clonación de voz podría tener implicaciones sumamente graves debido a que, se van a incrementar las estafas, por ejemplo, en los casos donde los criminales llaman a sus víctimas a hacerse pasar por familiares para solicitar datos, información, e incluso sumas de dinero; (situaciones que ya se presentan); pero, ahora con esta tecnología, que permite utilizar la voz clonada de cualquier persona conocida o ser querido, las estafas serían más fáciles de hacer. Incluso para el tema de adquirir servicios que hoy en día se hacen por medio de contratos verbales por teléfono, también generaría grandes preocupaciones porque podrían estar adquiriendo servicios a nombre de una persona simplemente clonando la voz del usuario”.
Aunque la Unión Europea ha liderado esfuerzos para regular estas herramientas, Colombia también ha mostrado interés en abordar estas cuestiones. En 2020, se promulgó el primer marco ético para la inteligencia artificial en el país, con el objetivo de prevenir el mal uso y los daños a la sociedad.
Sin embargo, a pesar de algunas disposiciones en el Código Penal, Colombia carece de normativas específicas para sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial en el ámbito delictivo. Esto resalta la urgencia de establecer regulaciones y sanciones adecuadas para combatir este tipo de delitos.
Los delitos informáticos, como la clonación de voz con fines fraudulentos, pueden ser denunciados ante la fiscalía general de la Nación. también menciona que las penas pueden incluir hasta 96 meses de prisión y multas.
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