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Luego de tres meses de haber ordenado la intervención de la EPS Sanitas, la Superintendencia de Salud presentó el primer balance del diagnóstico realizado por el interventor de esta entidad.
“Mientras la empresa reportaba pérdidas al final del año, en los gastos administrativos y todo al final del ejercicio, decían ‘no, estamos en pérdidas y por eso vamos a un riesgo financiero muy importante’, reportaban esas pérdidas, pero aumentaban los gastos administrativos de maneras injustificadas”, reveló el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.
(Vea también: Alerta en Nueva EPS luego de intervención: preocupación por nuevos afiliados y deuda grande)
Según Leal, Sanitas gastó más de 104.000 millones de pesos en la operación de centros médicos. “Es que los centros médicos se supone que son EPS, las EPS funcionan distinto, la EPS no debe pagar como la administración o el funcionamiento de los centros médicos; para eso paga el gasto médico para que en esos centros médicos se haga la atención a los pacientes”, explicó Leal.
El funcionario agregó: “No solo pagaban la administración de esas entidades, sino que además les pagaban el arriendo de 64 contratos de arrendamiento por un valor total de 4.666 millones de pesos mensuales, es decir, 56.000 millones anuales. Y además de pagarles el arriendo, les pagaban las mejoras en la infraestructura, 800 millones de pesos en esas mejoras”.
Además, el superintendente reportó que se firmaron contratos que no tuvieron ningún beneficio para la EPS, citando como ejemplo un contrato con la sociedad Andrés Murcia Vargas, abogados asociados.
La intervención por un periodo de un año fue anunciada por la Superintendencia de Salud alegando la supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia y deudas de más de dos billones de pesos. Sin embargo, Keralty, la matriz de Sanitas, aseguró que la situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada “en gran medida por el mismo Gobierno”.
Esto se debe a que no se hacen “los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, que es el valor anual reconocido por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad, “la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
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