Ante el desbarajuste, calculado por la empresa en $330.000 millones, el alcalde Daniel Quintero anunció una medida que suena desesperada: le pidió a EPM que busque bien en la billetera y entregue más recursos “ya no de las transferencias tradicionales, sino otras”. La pregunta evidente es de dónde va sacar más plata EPM si antes tuvo que apretarse por una nueva reducción de utilidades.

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Desgranemos el asunto. En un escueto reporte, la compañía sostuvo que al cierre de 2022 la matriz tuvo ingresos por $13,5 billones y un resultado neto de $3 billones, lo que equivale a un 10% menos en comparación con el año anterior. Esto, explicó, se vio afectado por la actualización del valor de la inversión en UNE, que fue calculado en 1,04 billones. Por eso, indicó, las transferencias a la ciudad pasaron de un estimado de $2 billones en junio de 2022 a $1,67 billones al cierre de la vigencia.

Pero estos números negativos no son ahora una novedad ni para EPM ni para el alcalde Quintero. La Junta Directiva, que él preside, aprobó el 13 de diciembre pasado el plan de negocios en el que las proyecciones financieras para 2023 ya arrojaban cifras en rojo en utilidades y transferencias, estas últimas iban en ese momento en $208.000 millones menos.

Ahora, con los números concretos y con el agua al cuello por la disminución de las transferencias que apalancan programas sociales en Medellín, la Junta Directiva le pidió a la gerencia de la empresa “explorar mecanismos que garanticen la transferencia”, panorama que será discutido en una sesión extraordinaria en la que se revisarán alternativas que permitan cubrir ese hueco que sufrirá el presupuesto de la Alcaldía, sin precisar en qué consistirán, ni qué impacto tendrían en las finanzas de la entidad.

El alcalde Daniel Quintero anticipó ayer que la Alcaldía prepara un proyecto que presentará al Concejo de Medellín buscando luz verde para extraer de las arcas de EPM ese monto por otros caminos.

“Ante esa pérdida, hemos solicitado a EPM una junta extraordinaria para explorar alternativas que permitan algún recurso adicional ya no de las transferencias tradicionales, sino otras”, dijo Quintero, aclarando que esas transferencias atípicas tendrían que tener autorización del Concejo, al que aprovechó para criticar nuevamente por negarse a autorizar la venta de las acciones de EPM en UNE en 2022.

“El Concejo de la ciudad tendrá que decidir si aprueba que EPM, por otro lado, le entregue $330.000 millones a la ciudad para garantizar que se mantenga el plan de desarrollo de la ciudad”, sostuvo.

El anuncio es a todas luces desesperado y preocupante. Primero hay que decir que EPM le transfiere cada año a Medellín el 55% de sus utilidades. En promedio, en las últimas cuatro alcaldías las transferencias representaron hasta un 20% de los ingresos totales del Distrito. En otras palabras, es imposible planificar el desarrollo futuro y la cobertura de los programas sociales de la ciudad si EPM no tiene unas finanzas sanas.

¿Cómo se establecen las transferencias? El acuerdo 69 de 1997 autorizó convertir a EPM en una empresa industrial y comercial del Estado, de propietario único y del orden municipal, además, estableció que las utilidades netas de cada año, al cierre del ejercicio fiscal, se deben entregar al Municipio para proyectos de impacto social hasta el 30% de las utilidades. Esas son las transferencias ordinarias.

Diez años después se firmó el Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el Municipio, que tenía como objetivo hacer viable a la empresa como fuente de ingresos creciente y sostenible para la ciudad. En ese convenio se crearon las transferencias adicionales, acordadas entre ambas entidades, considerando los requerimientos financieros del Municipio para programas específicos. Ese año se comenzaron a realizar transferencias extraordinarias.

Mauricio Restrepo, gerente de EPM cuando se aprobó el acuerdo 69 de 1997, dijo que las exigencias de mayores transferencias de EPM a Medellín ponen en riesgo la sostenibilidad de la empresa y envían un mensaje oscuro a la banca multilateral y a las calificadoras de riesgo.

“Le piden a EPM subir las transferencias pero no tiene más ingresos. Qué hará entonces, ¿aumentará el endeudamiento o el desarrollo de su plan de inversiones? Será un mensaje de incertidumbre y de desconfianza”, afirmó, y puso la pelota del lado del Concejo: “si acolitan esto, será demasiado grave. Y justo en un año electoral”.

Para expertos en las finanzas de la Alcaldía y EPM, la única explicación de este pedido de Quintero es la mala planificación financiera. “No se pueden poner en riesgo los programas sociales que cuentan con recursos destinados por las transferencias de EPM al Municipio, que siempre se esperan para seguir consolidando o incrementando la atención social”, opinaron.

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Para los consultados, decisiones tomadas por este gobierno en EPM, como las inversiones en Afinia, que proyecta giros de $10 billones hasta 2031, o el pago total de la deuda al BID en diciembre de 2021 por 450 millones de dólares, terminaron desbalanceando la ecuación.

Y preguntaron: “Si la Alcaldía sabía desde diciembre que los números de EPM estaban en rojo, ¿cómo es que comprometieron vigencias futuras este mes para contratar una cárcel?” .