De ser aprobado así el proyecto, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría se les daría el aval para aumentar sus nóminas y algunos gastos financieros, informó La F.m.
La emisora detalló, citando las declaraciones de Ortiz, que se trata del artículo 109 del proyecto el cual modifica “la Ley 617 del 2000 de Sostenibilidad Fiscal, en la que se establece que las entidades públicas no pueden incrementar el gasto asociado a contratación de personal, por encima del 90 % de la inflación”.
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“Eso es una forma de crear unos puestos para los parlamentarios y eso hay que denunciarlo”, le explicó la congresista Ortiz a La F.m.
Aunque del tema no se ha hablado en la opinión pública, ese medio de comunicación afirmó que el Gobierno defendió la propuesta al establecer que se fortalecería la labor que desempeñan las entidades en términos de investigación y fiscalización.
“El Gobierno rechaza las afirmaciones alrededor del articulo 109, reiteramos que algunas instituciones cuando reciben mayores necesidades de control y fiscalización deben tener la posibilidad de presentar propuestas de incremento de sus nóminas”, le indicó el viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, a la emisora.
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