Dos compañías constructoras estarían a punto de quebrar en el país, esto por cuenta de un fallo condenatorio emitido por la Contraloría contra el consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, al que pertenecen las empresas Conconcreto, con 35 % de participación y Coninsa con 10 %.

El fallo por responsabilidad, emitido por el ente de control el pasado 6 de septiembre, fue de 4,3 billones de pesos, dinero por el que deben responder cerca de 26 empresas o personas jurídicas, entre las que se encuentra el consorcio mencionado. 

Frente a la decisión judicial Conconcreto, una de las que está en crisis, optó por solicitar a la Superintendencia de Sociedades la aprobación de un proceso de reorganización, pues aunque la empresa aseguró a través de un comunicado de prensa que “el panorama financiero de la entidad es sólido y positivo y cuenta con solvencia”, el reciente fallo sin duda tiene un impacto patrimonial y operativo.

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Por su parte, Coninsa también se declaró en crisis económica y fue admitida por la Supersociedades en un proceso de reorganización, buscando proteger el cumplimiento de las obligaciones contraídas con sus empleados, proveedores, contratistas y entidades financieras.

“Ninguno de los proyectos que adelanta Coninsa actualmente, de forma individual o con otras organizaciones, se verá afectado por cuanto la finalidad de este tipo de procesos es la protección del crédito y la continuación de los negocios”, comentó la compañía en un comunicado.

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Pese a que aún no se conocen los efectos que podrían tener los procesos de reorganización, lo más seguro es que la crisis cause mayores retrasos en la obra; sin embargo, desde Empresas Públicas de Medellín (EPM) han empezado a considerar alternativas en dado caso de que los contratistas se retiren.

Siguiendo esta misma línea, EPM informó a la Contraloría el pasado 13 de septiembre que al menos 10 empresas podrían visitar Hidroituango, con el fin de ser tenidas en cuenta para participar en una nueva licitación, que permita continuar con las obras del proyecto.

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La empresa de construcción también había recibido con anterioridad el proyecto de ampliación del transporte troncal de la capital del país, específicamente en la Avenida 68, por lo que es probable que el Instituto de Desarrollo Urbano proceda a ceder el contrato a una nueva sociedad, que cumpla con todos los requisitos y tenga la capacidad para realizar la obra.

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Es paradójico que la obra se haya asignado a esa empresa pues, de acuerdo con Infobae, aunque en 2019 ya habían sido sancionados con una multa por 21.000 millones, tras ocultar información financiera a la SIC, el Distrito ratificó la decisión y le entregó el contrato.