Aunque se suponía que la hidroeléctrica debía entrar en funcionamiento en noviembre del 2018, las múltiples demoras, cambios de diseño y problemas estructurales han hecho que se posponga por casi 4 años, con sobrecostos de un 114 %, aproximadamente.
La supuesta nueva fecha de inicio era junio del 2022, pero varias de las 26 empresas y personas naturales consideradas responsables de los retrasos en el fallo de 4,3 billones de pesos, emitido por la Contraloría, han manifestado tener problemas económicos supuestamente agravados por la pandemia, indica Noticias Caracol.
Según el informativo, se trata principalmente de las compañías Camargo Correa, Coninsa y Conconcreto, algunas de las cuales entraron en reorganización empresarial, por lo que EPM ahora tendrá que buscar con urgencia quién se haga cargo de ese vacío, en las condiciones y con las presiones que se vienen presentando.
El director de la Cámara de Infraestructura de Antioquia, José Fernando Villegas, dijo al mismo noticiero que hay aseguradoras respondiendo por el monto del fallo, pero señaló que las empresas se han visto afectadas de manera contundente por problemas que no necesariamente fueron suyos:
“El fallo está causando un enorme problema a unas empresas que lo único que hicieron fue cumplir con su labor. Están poniendo a responder a unas constructoras por problemas que no fueron necesariamente de ellos, por decisiones, posiblemente, de funcionarios o de miembros de junta directiva tomadas 4 años antes o de unos diseños”, afirmó.
Además, un informe de auditoría recién divulgado por Blu Radio advierte que todavía “continúa en el proceso de evaluación de los daños generados por la contingencia que se presentó en el proyecto desde el 28 de abril de 2018″.
Esto significa, según la emisora, que es muy posible que se sigan presentando “subactividades o frentes de obra que puedan ser objeto de modificación“, lo cual impactaría directamente en el cronograma de culminación de la obra.
Al final de cuentas, lo que muchos temen es que los retrasos terminen causando crisis energética y racionamientos, aunque el Gobierno se ha esforzado por negarlo.
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