Un borrador de decreto del Ministerio de Agricultura ha levantado ampolla en el país en las últimas horas. Allí, el Gobierno plantea destinar recursos públicos para “garantizar” protestas que evidentemente están a favor suyo.
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, salió a explicar lo que para ella no es una financiación de protestas, pese a que su borrador de decreto dice todo lo contrario.
(Vea también: Por protesta, aplazarían los pagos del servicio público de aseo en municipio de Colombia).
El tema creció en expectativa con el anuncio de que miles de campesinos marcharán el 27 de septiembre para presionar en favor de la reforma agraria que se presentará en el Congreso. Además, por el hecho de que todo esto ocurre a un mes de las elecciones regionales en las que el Gobierno de Gustavo Petro tiene que apelar a todas las herramientas que pueda para intentar evitar el castigo que incluso su más fiel escudero, Gustavo Bolívar, previó que pueden recibir en las urnas.
En Blu Radio, a Mojica le preguntaron por el dinero con el que se financiarán las protestas. Inicialmente, ella no habló de plata por ningún lado, sino que hizo referencia a “garantías” y “permisos en espacios públicos”.
“Tenemos que garantizar seguridad y dar garantías para que cualquiera pueda ejercer su protesta. Que se tramiten las licencias y permisos en los espacios públicos. Estaremos allí porque compartimos sus causas. Somos defensores de la reforma agraria”, sostuvo Mojica en esa emisora.
Allí nace la primera contradicción entre lo escrito en el texto (donde sí se habla de “recursos” abiertamente) y lo dicho por la ministra. El artículo 5 del decreto del Minagricultura señala que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes […]”, lo cual indica inequívocamente que los recursos saldrán del erario, nutrido con los impuestos de todos los colombianos.
En el mismo borrador de decreto, en el apartado dedicado a la justificación de esa norma (1. Antecedentes y razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición) se indica también que “toda política de cambio social requiere movilización y organización popular, coordinada con los esfuerzos y recursos del Gobierno Nacional para establecer y fomentar las condiciones propicias para el cambio”, otro aspecto que reitera que el dinero de las movilizaciones saldrá del bolsillo de los contribuyentes.
Después de un tenso ida y vuelta en Blu, Mojica confesó que las marchas sí estarán parcialmente protegidas con dineros públicos (en teoría, solamente para la logística de las mismas).
“Todas las entidades deben garantizar esta participación con ese objetivo. Pero esto no es plata de bolsillo, son recursos públicos que tienen normas y formas de ejecución, supervisiones y controles que no se pueden cambiar. Tenemos unos deberes institucionales y misionales”, apuntó la ministra en esa emisora.
La ministra Mojica ha hecho ingentes esfuerzos en sus declaraciones a medios de comunicación antes de admitir el origen de la financiación. Con rodeos, ha respondido a las preguntas que se le han hecho sobre las fuentes de la plata para los comités campesinos y las movilizaciones del 27 de septiembre.
“¿Por qué tiene que ser con recursos públicos?”, le preguntó Gustavo Gómez, de Caracol Radio, a Mojica, y ella respondió: “No. La movilización social se financia con recursos de la propia movilización social. La semana pasada nosotros tuvimos 2.500 campesinos de la Anuc que vinieron a las instalaciones en Bogotá de la Agencia Nacional de Tierras […] con sus propios esfuerzos”.
El decreto tiene como sustento 6 normas constitucionales y otras tantas leyes, según las cuales el Estado colombiano debe garantizar y facilitar el derecho a la participación política de todos los ciudadanos, a su organización, y debe reconocer y garantizar al campesinado y a los jóvenes sus derechos en la vida democrática del país. Pero esas normas citadas no le confieren ni al Estado ni al gobierno de turno un papel de incentivador de movilizaciones ni su financiamiento.
Es decir que, con este decreto, el Estado pasa de facilitador y garante, a instigador y financiador. De hecho, el artículo 1 se denomina: “Llamado a la movilización y organización campesina”. Y el artículo 2 (“Comités Municipales para la Reforma Agraria”) concibe esos comités como “espacios” impulsados “a partir de procesos de organización y movilización por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades en el proceso de reforma agraria que vive el país”.
Ministra de Agricultura no la pasó tan bien en La FM
A diferencia de lo que pasó en otros medios, Mojica tuvo un cruce tan tenso en La FM que Luis Carlos Vélez, director de ese medio, dio por terminada la entrevista antes de tiempo.
La confrontación se dio en el momento en que a Mojica le preguntaron sobre el borrador del decreto con el que se busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria. El comunicador le preguntó cómo iban a manejar el bloqueo de las vías y cuáles eran los alcances de la fuerza pública para intervenir; sin embargo, la ministra respondió con una afirmación que no iba a lugar y eso desató la indignación de Luis Carlos Vélez.
“Yo no sé por qué usted insiste que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales. Una persona tan poderosa como usted no puede decir al aire que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes”, le dijo la ministra a Vélez, en una respuesta que desató la sorpresa en la mesa de La FM antes de dar por acabada la entrevista.
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