En un reciente informe publicado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que buscaba analizar las características del empleo público en Colombia, apareció un listado con los cargos de funcionarios públicos que mayor salario reciben al mes.
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Aunque pocos lo crean, el cargo de presidente de la República no es el que mayor salario recibe, pues por encima de este se encuentran otros tres trabajos que se llevan, hasta por 33 millones de pesos más, a los ingresos mensuales del mandatario.
Así las cosas, explica el estudio, el subsecretario general del Senado de la República es el funcionario que más dinero recibe mensualmente por su trabajo, pues cuenta con un salario mensual de 89,2 millones de pesos.
El segundo puesto lo ocupan los dos mayores generales de la Policía Nacional, quienes, individualmente, devengan 66,6 millones de pesos al mes. Finalmente, el director general del Congreso de la República ocupa el tercer podio en la lista, recibiendo 65,7 millones de pesos por mes trabajado.
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El cargo de presidente de la República es el cuarto mejor pagado de toda la nómina del Estado, pues, a corte de publicado el informe, recibe más de 57 millones de pesos mensuales por ejercer sus funciones como jefe de Estado.
Del estudio de la Universidad Javeriana también se puede resaltar que los funcionarios del Senado de la República son los que más dinero reciben al mes, teniendo en cuenta los pagos en cargos como congresistas, secretarios generales, representantes a la Cámara o el subsecretario auxiliar.
Entre las principales conclusiones, el estudio afirma que el componente de gastos de personal es una considerable fuente de limitaciones presupuestarias que pueden obstaculizar la política fiscal y ser nocivas para la eficiencia del gasto público.
“El componente de gastos de personal dentro del presupuesto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación es una fuente importante de limitaciones presupuestarias. Está sujeto a restricciones constitucionales, legales y reglamentarias. Estas restricciones obstaculizan la flexibilidad de la política fiscal y podrían afectar negativamente la eficiencia del gasto público”, concluye el estudio citado.
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