Durante la primera Cumbre Mundial de Páramos en noviembre del año pasado en Bucaramanga, Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mencionó por primera vez una de las posibles ideas centrales de la política minera del Gobierno de Gustavo Petro: la creación de una empresa pública de minería, especialmente enfocada en la extracción del oro.
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“Solamente compraríamos a precio de oro internacional, el que no haya tenido tratamiento de mercurio ni cianuro. Ahí le pegamos a muchas cosas: a la política de cero mercurio en el país, a mejorar los ingresos de los barequeros y a quitarle la base social a las mafias”, indicó en la Cumbre.
Pardo ahora presentó algunos de los lineamientos más específicos de cómo funcionaría tal empresa. Primero, indicó que la empresa minera “es la espina dorsal de lo que estamos planeando para el sector. La idea es que el Estado empiece a planear el desarrollo de un sector, en este caso el minero, y que sea una empresa que lo lleve a cabo”.
Sostuvo que la figura de una empresa, similar a Ecopetrol pero en otra área, serviría para llevar a cabo otros grandes objetivos de la ANM, como formalizar a mineros. Es importante, sin embargo, entender cómo funcionaría la empresa. Pardo contó que, en diciembre de 2022, la Agencia, la Sociedad de Activos especiales (SAE) y el Ministerio de Minas y Energía firmaron un memorando de entendimiento para que dos comercializadoras internacionales de oro que son propiedad de la SAE, pues están en proceso de extinción de dominio, pasen a formar parte del funcionamiento de empresa minera.
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“La idea es utilizar su infraestructura para comprar oro sin mercurio y sin cianuro”, indicó Pardo. Es decir, la ANM utilizaría la estructura y logística que tienen las comercializadoras para comprarle “oro verde” a mineros ilegales. A cambio, el oro se les compraría a un mejor precio que en la economía ilegal, pues uno de los posibles objetivos sería exportar el oro al mercado Europeo. Según el director de la Agencia, este llegaría a pagar entre 25 y 30 % por encima del valor de bolsa si el oro cuenta con un sello de trazabilidad.
Otras opciones que baraja la ANM es vender el oro al Banco de la República o a la industria joyera nacional. Una de las grandes apuestas, enfatizó Pardo, es que la empresa minera sea un vehículo para asegurar que los recursos nacionales aporten al desarrollo del país. Es decir, que si se hablara, por ejemplo, de cobre o de carbón coque, estos no sirvan únicamente para ser exportados, sino que también se empleen para fortalecer las industrias nacionales.
La empresa minera se apalancaría a partir de los recursos privados que ya tienen las dos comercializadoras de oro que están en proceso de extinción de dominio. “Por eso, no habría una preocupación para conseguir nuevos fondos para financiar una empresa desde el Gobierno”, afirmó el director de la ANM.
Por ahora, esperan presentar la propuesta de creación de la empresa dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se empezará a debatir esta semana. De no pasar, indicó Pardo, se buscaría otro momento u otras iniciativas para adelantar la visión que tiene el Gobierno.
Por esta razón, no se sabe cuánto tiempo tardaría la conformación o inicio del funcionamiento de la empresa. Lo que sí confirmó Pardo es que se espera que en dos o tres meses las comercializadoras de oro empiecen a comprarlo en varias partes del país.
Además, como uno de los acuerdos establecidos después del paro minero en el Bajo Cauca, se iniciará un piloto con esos mineros para establecer una de las comercializadoras de oro allá. Pardo enfatizó que esta propuesta de la empresa “no significa que vayamos a estatizar la minería en Colombia, las otras comercializadoras van a continuar funcionando como siempre lo han hecho”.
Pardo informó también que el Gobierno optó por presentar una nueva ley minera, no una reforma al Código Minero, pues este tardaría por lo menos dos años, en el segundo semestre de este año. “Eso significa que, si todo sale bien, tendríamos una ley minera en el primer semestre del año entrante”, explicó.
Esta ley incluiría las reglas de juego para el Estado y compañías, con relación al cumplimiento de las exigencias de los títulos mineros. Explicó que esta únicamente hará referencia a los temas mineros y que los pasivos ambientales, por ejemplo, serán un tema de las autoridades ambientales.
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