En un oficio firmado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente del alto tribunal, se ordenó a la entidad entregar en un máximo de cinco días todos los conceptos jurídicos que Héctor Carvajal, actual magistrado y antes contratista de Colpensiones, elaboró sobre la reforma pensional del Gobierno Petro.
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La decisión busca aclarar si Carvajal tuvo algún tipo de participación o influencia previa en el diseño o defensa jurídica de la reforma, la cual está siendo revisada por la Corte Constitucional y que ha provocado debate por su impacto en el sistema de ahorro individual y el régimen público.
En su requerimiento, detalla Semana, el alto tribunal le pidió a Colpensiones entregar los documentos de solicitud mediante los cuales se pidió a Carvajal rendir esos conceptos, especialmente uno sobre “la inconstitucionalidad de la reforma pensional”. También se pidió el informe jurídico que elaboró sobre el artículo 76 de la Ley 2381, referido a la oportunidad de traslado entre regímenes.
En qué consiste la recusación contra Héctor Carvajal
Según la revista, lo curioso es que esta petición ya había sido hecha por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien interpuso una tutela para que Colpensiones revelara esos documentos. Sin embargo, la entidad no respondió a esa solicitud, lo que llevó a que ahora fuera directamente la Corte Constitucional la que exigiera los mismos archivos.
Cabe recordar que el análisis de la reforma pensional en la Corte está suspendido, luego de que la Sala Plena admitiera una recusación contra el magistrado Carvajal, precisamente por su posible vínculo previo con Colpensiones.
La recusación fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien argumentó que Carvajal estaría impedido para participar en la decisión del caso, al haber sido contratista de una entidad directamente involucrada en la aplicación de la ley.
Por ahora, la Corte deberá resolver primero si Carvajal puede o no seguir en el proceso. Una vez se tome esa decisión, el alto tribunal podrá retomar el estudio de constitucionalidad de la ley, algo que, según el magistrado Ibáñez, podría ocurrir en un par de semanas.
¿Qué puede pasar con la reforma pensional en la Corte Constitucional?
Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, existen tres caminos posibles:
El primero es la declaración de constitucionalidad, que validaría el trámite legislativo y permitiría implementar la reforma conforme al cronograma del Gobierno.
El segundo escenario sería la inexequibilidad total, si se comprueban vicios graves e insubsanables, lo que dejaría vigente el actual sistema pensional.
Finalmente, la Corte podría optar por una inexequibilidad parcial o diferida, en caso de hallar errores menores o corregibles, concediendo un plazo al Congreso para enmendarlos.
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