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El reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha elevado el monto del ajuste fiscal que Colombia debe alcanzar para cumplir la meta de déficit establecida por el Gobierno para 2026, fijada en 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS). De acuerdo con el comunicado más reciente, el país requiere un ajuste del orden de 45,4 billones de pesos, es decir, el 2,4% del PIB, lo que supone un aumento de 6,1 billones respecto a la estimación presentada en agosto de 2025. Esta variación se explica, principalmente, por un incremento en la proyección de gastos en el rubro de pensiones (5,6 billones) y en servicios de personal (1,6 billones), atenuado de forma parcial por recortes en otros sectores del gasto primario.
La magnitud de esta cifra ilustra las dificultades del Estado colombiano para controlar el crecimiento de su gasto público, debido en gran parte a la rigidez estructural de su presupuesto. Según el CARF, existen cuatro factores determinantes en la ampliación de este ajuste: la falta de una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria que aporte ingresos adicionales, una contracción de la base gravable que reduce las expectativas de ingresos en 2026, menor rentabilidad financiera y una mayor expectativa de gasto primario. Tales condiciones refuerzan la preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y las limitaciones reales para fortalecer los ingresos públicos en el corto y mediano plazo.
De hecho, el Presupuesto General de la Nación (PGN) proyectado para 2026 asciende a 557 billones de pesos. Aun considerando un recorte de 12 billones en 2025, el crecimiento real del gasto sería de 5,7%. Los gastos de funcionamiento y la inversión pública aumentarían (10,3% y 11,8% respectivamente), en contraste con una reducción en el servicio de la deuda. Es relevante destacar que cerca del 88% del presupuesto nacional es considerado inflexible, pues responde a mandatos legales y constitucionales, destacándose las asignaciones para el Sistema General de Participaciones, pensiones, intereses de la deuda y servicios personales, tal como resalta el Consejo Superior de Política Fiscal.
Este marco restrictivo encuentra eco en un reciente informe del Banco Mundial, que enfatiza la falta de maniobra en el gasto público en economías emergentes como la colombiana. Las políticas fiscales anticíclicas, consideradas claves para afrontar desaceleraciones económicas o turbulencias externas, se ven limitadas cuando la gran mayoría del presupuesto está comprometido de antemano. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el rápido envejecimiento poblacional y la escasa cobertura del sistema privado de pensiones incrementan cada año la presión sobre los recursos públicos destinados a pensiones, una tendencia que se acentuará en la próxima década.
A la par, la insuficiencia en los ingresos tributarios —producto de una base gravable limitada, altos niveles de evasión, elusión tributaria y beneficios fiscales— constriñe aún más la capacidad del Estado para cerrar el déficit fiscal. El Instituto de Estudios Fiscales de Colombia estima que estas deficiencias suponen hasta un 4% del PIB en ingresos perdidos por año, un dato que coincide con las alertas recientemente emitidas por el CARF. Además, la constitución de una reserva presupuestal, estimada entre 35 y 55 billones de pesos para 2025, podría agravar las rigideces ya presentes y dificultar la planeación presupuestal para el año siguiente, como advierte el Consejo de Transparencia.
En este contexto, el verdadero reto para Colombia radica no sólo en alcanzar la meta numérica de la regla fiscal, sino en impulsar reformas profundas que permitan una mayor flexibilidad del gasto y una recaudación tributaria más sólida. El compromiso con la disciplina fiscal requerirá, por tanto, de un esfuerzo institucional sostenido capaz de reducir los costos estructurales, mejorar la gestión de recursos y fortalecer la cultura tributaria en el país. De lo contrario, advierten organismos internacionales como la OCDE, existe el riesgo de que la deuda pública se torne insostenible y restrinja severamente las posibilidades de desarrollo económico y social en el futuro próximo.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Por qué el gasto en pensiones es tan difícil de reformar en Colombia?La dificultad de reformar el gasto en pensiones en Colombia radica en varios factores estructurales. Por un lado, gran parte del sistema está basado en regímenes legales y mandatos constitucionales que garantizan el pago de mesadas a los jubilados. Cambiar estas reglas requiere consenso político y suele encontrar resistencia social y jurídica, ya que afecta derechos adquiridos y expectativas de millones de ciudadanos. A esto se suma el acelerado envejecimiento poblacional, que aumenta la presión sobre el sistema público ante la baja cobertura efectiva del régimen privado.
De acuerdo con proyecciones del DANE, la proporción de adultos mayores aumentará significativamente en la próxima década, lo que incrementará el monto requerido para pensiones en el presupuesto nacional. Si no se emprenden reformas de fondo, esta tendencia puede poner en entredicho la sostenibilidad fiscal, afectando la capacidad del Estado para financiar otros sectores clave como educación, salud e infraestructura.
¿Qué significa que un gasto público sea “inflexible”?El concepto de gasto público inflexible hace referencia a aquellas partidas del presupuesto nacional que están predefinidas por la ley o la Constitución, es decir, cuyo monto y destino no pueden ser modificados libremente por el gobierno de turno sin cambios normativos de alto nivel. En el caso colombiano, casi el 90% del presupuesto está comprometido de antemano en áreas como pensiones, transferencias a entidades territoriales, intereses de la deuda y salarios.
Esto deja un margen muy reducido para la implementación de nuevas políticas o para responder a emergencias económicas, limitando la capacidad del Estado para ejercer una gestión fiscal activa. Por este motivo, diversos organismos internacionales resaltan la importancia de revisar periódicamente estos compromisos y promover reformas legales que aumenten la flexibilidad del gasto público, sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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