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Diversos colombianos han adquirido diversas deudas con bancos y entidades financieras ya sea con sus tarjetas de crédito, préstamos u otra solicitud para financiar un producto, servicio o situación improvista.
Sin embargo, al pagar las cuotas mensuales, algunos de ellos no tienen la solvencia económica suficiente y dejan de hacerlo, por lo que tras dos meses de retraso son reportados a centrales de riesgo como Datacrédito.
Ahora, el hecho de estar reportado lo aleja de la posibilidad de adquirir oportunidades financieras como nuevos créditos, otra tarjeta, subsidios de vivienda y demás, pero no de oportunidades laborales.
Por lo que, si está en búsqueda de empleo esto no es causal para que una empresa lo deje por fuera de la vacante de su interés, ya que la Constitución Política y Código Sustantivo del Trabajo (CST) estipulan que no puede existir discriminación u obstáculos para acceder al trabajo.
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Es por ello que sus antecedentes financieros no son fuente de inhabilidad para un área de conocimientos y prácticas específicas, además, debe acceder a una fuente de empleo para poder financiar dichas deudas y dejar de estar reportado.
Pero, eso sí, algunas empresas pueden expresar desde que inicia el proceso de contratación que para ellas es indispensable que el personal no cuente con antecedentes crediticios negativos (deudas) -como en el caso de presidentes de bancos- por la naturaleza a la que se dedica la entidad.
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Cabe resaltar que las empresas no están obligadas a contratar a todos los aspirantes de un cargo, por ello realizan procesos donde eligen al más capacitado.
¿Pueden las empresas consultar a los candidatos en centrales de riesgo?
No, para poder consultar con su cédula si tiene antecedentes crediticios negativos deben contar con su permiso, ya que la Ley 1288 de 2008 lo establece así. La autorización debe ser escrita y con su firma, de lo contrario puede ser considerada ilegal ya que las empresas deben respetar el Habeas Data.
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De esa manera, el empleador puede acceder a las centrales de riesgo y conocer su estado, pero ello no debería influir en su proceso de contratación a menos de que sea por normatividad de la empresa.
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