La fiscalía española se ha opuesto a que la Audiencia de Barcelona deje en libertad provisional al exjugador del Barcelona Dani Alves, al considerar que persiste el riesgo de fuga y que se mantienen los indicios de que cometió el presunto abuso por el que entró en prisión el pasado 20 de enero.

Según han informado fuentes del ministerio público, la fiscalía ha presentado ya su informe ante la Audiencia de Barcelona para oponerse a que deje en libertad al futbolista y rechaza las medidas cautelares de retirada de pasaporte, comparecencias diarias en el juzgado y uso de una pulsera telemática que propone su defensa.

La defensa de Alves recurrió ante la Audiencia de Barcelona la orden de la jueza instructora de enviarlo a prisión preventiva por abusar presuntamente a una joven en la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre, por lo que el tribunal deberá decidir en los próximos días si lo excarcela, una vez disponga de los informes de la fiscalía y de la acusación particular.

Hasta la fecha, según han indicado a EFE fuentes judiciales, la acusación particular que representa a la víctima todavía no ha presentado su escrito ante la Audiencia de Barcelona para posicionarse sobre el recurso de apelación que presentó el jugador brasileño el pasado 30 de enero contra el auto de prisión preventiva decretado por la jueza instructora.

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En ese recurso de apelación, el abogado del jugador, Cristóbal Martell, esgrimió varios argumentos para “desmontar el riesgo de fuga” en que se basó la jueza que instruye la causa en el juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona para enviar al futbolista a prisión, el pasado 20 de enero.

La defensa del jugador alegó, entre otros razonamientos, que Alves acudió voluntariamente a declarar ante los Mossos, que tiene residencia junto a su esposa en Esplugues de Llobregat (Barcelona) y que dispone de arraigo personal, familiar, social y empresarial en la capital catalana, lo que desvirtúa su riesgo de fuga.

Esgrimió, también, que el jugador ya no dispone del “músculo económico de ingresos periódicos” que le atribuyó la instructora, después de que el club de fútbol mexicano Pumas, en el que jugaba, rescindiera su contrato y tras la pérdida de otros contratos de patrocinio, publicidad e imagen que tenía suscritos con distintas marcas.

Además, en el escrito presentado ante la Audiencia de Barcelona el equipo legal del exjugador del Barcelona cuestionó los indicios que llevaron a la jueza a enviar a prisión al brasileño, utilizando principalmente los vídeos de las imágenes previas al momento en el que la joven y Alves entraron en el baño privado de un reservado de la discoteca Sutton, donde supuestamente la abusó.

Según el escrito, los vídeos muestran que antes de ese momento Alves y la víctima, que acudió a la discoteca con una prima y una amiga, se encontraban departiendo de modo “lúdico y festivo, rodeados de muchísima gente en un espacio abierto”, lo que “dista mucho” del escenario de una “intimidación ambiental”.