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El Deportivo Pereira ha atravesado una crisis profunda en materia laboral y administrativa durante las últimas semanas. El pasado 30 de octubre, el Ministerio del Trabajo de Colombia impuso una medida cautelar al club debido a repetidos incumplimientos en las obligaciones laborales hacia sus empleados, destacándose la omisión en el pago de salarios y seguridad social. Esta decisión se produjo después de que los propios jugadores expusieran públicamente la crítica situación al señalar que no recibían sus sueldos y prestaciones desde hacía varios meses. Ante esta coyuntura, la entidad decidió suspender de manera temporal todas las actividades del club por considerar que existían “graves y reiterados incumplimientos a la legislación laboral” nacional, según reportó la cartera de Trabajo.
En respuesta, Álvaro López, presidente y representante legal del Deportivo Pereira, interpuso un recurso legal alegando la vulneración del derecho al trabajo. El juzgado aceptó este recurso, lo que resultó en la suspensión temporal de la medida cautelar impuesta por el Ministerio. De este modo, el club logró recuperar su habilitación para participar en competencias, citando de inmediato a sus jugadores para entrenamientos el 3 de noviembre, pese a que la medida oficial todavía estaba en vigor según denunció la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro). Dicha acción fue tildada por el gremio como una violación a los derechos fundamentales de los trabajadores.
Paralelamente, la institución deportiva continuó con su calendario deportivo habitual y realizó la solicitud para disputar su partido contra el Deportivo Independiente Medellín (DIM) en el estadio Hernán Ramírez Villegas, así como confirmó la directora de la Corporación Deportiva de Pereira (Cordep), Yuri Galeano. El encuentro quedó agendado para el 7 de noviembre, dentro de la jornada 19 de la Liga Betplay.
El Ministerio de Trabajo, ante la negativa del Pereira de acatar la suspensión de actividades, decidió abrir una investigación sancionatoria por desacato de la medida cautelar, señalando que el club debía saldar sus deudas con jugadores y personal administrativo antes de reanudar cualquier actividad oficial. El ministro Antonio Sanguino explicó que la indagación partió de una queja radicada en julio, que daba cuenta de demoras en el pago de primas, salarios y otros recargos.
En medio de la polémica, Rafael Dudamel, director técnico venezolano, presentó su renuncia el 29 de octubre ante las condiciones adversas y la incapacidad del club para pagar los sueldos de los jugadores del primer equipo, hecho que llevó al Pereira a disputar varios partidos recientes con una plantilla sub-20. Esta situación incidió también en el rendimiento deportivo: el club ocupa actualmente el puesto 16 de la liga, lejos de los puestos de privilegio, y fue eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia por el Envigado.
Las quejas sobre el impacto de la crisis institucional aumentaron a raíz del partido frente a Águilas Doradas el 24 de octubre, que el Pereira jugó solo con juveniles, provocando una escandalosa derrota y sospechas sobre la equidad del torneo. Escenarios semejantes se vieron ante Deportivo Pasto, siendo señalados ambos encuentros como ejemplos del perjuicio al “fair play” o juego limpio. Frente al próximo partido contra el DIM, se desconoce si el club podrá alinear a jugadores profesionales, juveniles o un equipo mixto, pues ninguna de las dos plantillas se encontraba concentrada el día previo al compromiso, situación confirmada por fuentes internas.
El Deportivo Independiente Medellín se juega en ese partido la posibilidad de mejorar su posición en la tabla de reclasificación y aspirar a obtener el reconocimiento como mejor equipo del año, por lo que el desenlace de la situación con Pereira mantiene en vilo a los actores del campeonato y a la opinión pública.
¿Qué consecuencias legales podría enfrentar un club por desacatar una medida cautelar del Ministerio del Trabajo?
La importancia de esta pregunta reside en la gravedad de las implicaciones legales que acarrea el desconocimiento de una orden emitida por la autoridad laboral. Cuando una institución, como un club deportivo, desobedece de manera abierta una medida cautelar dirigida a salvaguardar los derechos de sus empleados, queda expuesta a sanciones administrativas y judiciales, entre las que se incluyen multas, restricciones en la actividad y, en casos extremos, la intervención total de la entidad por parte del Estado.
En el contexto presentado, el caso del Deportivo Pereira evidencia cómo el desacato de órdenes claras puede agravar la situación institucional y comprometer el futuro del club tanto en lo deportivo como en lo legal. La apertura de una investigación sancionatoria, según informó el Ministerio del Trabajo, refleja la determinación de las autoridades de garantizar el cumplimiento de las normas laborales y proteger los derechos fundamentales de los trabajadores vinculados al deporte profesional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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