El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vuelve al centro del debate público en Colombia, esta vez por una propuesta legislativa de la senadora Paloma Valencia, quien plantea que el Estado asuma el pago del seguro para motocicletas de hasta 250 centímetros cúbicos. La iniciativa aparece en un momento clave: aunque el sistema dejó atrás su crisis más aguda, todavía enfrenta problemas estructurales de financiación y cobertura.
“En mi gobierno las motos de hasta 250cc no tendrán Soat. Nos vamos a anticipar con un proyecto de ley que garantiza la atención en salud en caso de accidentes a través del Estado”, escribió en un mensaje publicado en sus redes sociales. De hecho, Juan Carlos Pinzón, que hace parte de la coalición que llevó a Paloma como candidata, ya había hecho esa propuesta.
En mi gobierno las motos de hasta 250cc no tendrán SOAT. Nos vamos a anticipar con un proyecto de ley que garantiza la atención en salud en caso de accidentes a través del Estado. Colombia de mueve en moto y vanos a hacer justicia con el 63 por ciento de quienes usan las vías del… pic.twitter.com/5e5THG2VZv
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 2, 2026
La propuesta, que suena muy bien para el grupo de motociclistas, no deja de provocar algunas dudas. Durante los últimos años, el Soat ha sido considerado uno de los ramos más tensionados del sistema asegurador colombiano. El diagnóstico del sector, encabezado por Fasecolda, ha sido consistente: el modelo funciona, pero permanece frágil. La principal razón es que los costos derivados de los accidentes de tránsito han crecido más rápido que los ingresos por la venta del seguro.
El desequilibrio tiene tres causas principales. Primero, la alta accidentalidad vial, especialmente asociada a motocicletas, que concentran buena parte de los lesionados atendidos en hospitales. Segundo, la evasión del Soat, es decir, vehículos que circulan sin el seguro obligatorio, lista que también lideran los motociclistas. Y tercero, el fraude y los recobros médicos que incrementan los gastos del sistema.
El cierre de 2025 dejó señales mixtas. Por un lado, se registró una leve mejora en indicadores de siniestralidad y se mantuvo la reducción de tarifas aplicada por el Gobierno para incentivar la compra del seguro —como la reducción de su precio en un 50 %— . Esa estrategia buscó ampliar la base de asegurados en lugar de aumentar precios. El resultado fue una estabilización parcial: el Soat no colapsó, pero tampoco alcanzó una sostenibilidad plena.
Uno de los puntos más críticos sigue siendo la cobertura. A pesar de los ajustes tarifarios, millones de motocicletas continúan circulando sin Soat vigente, lo que presiona las finanzas del sistema de salud cuando ocurre un accidente. En ese contexto aparece la propuesta de Valencia.
La congresista anunció un proyecto de ley para exonerar del pago del Soat a motos hasta 250 cc, garantizando que el Estado cubra el seguro y asegure la atención médica de los conductores involucrados en siniestros viales. En la práctica, la propuesta busca eliminar la barrera económica que impide a muchos motociclistas adquirir el seguro obligatorio. En Colombia, la mayoría de motos están por debajo de este cilindraje, lo que cobijaría a una gran cantidad de vehículos que circulan por las vías del país.
La iniciativa coincide parcialmente con preocupaciones del sector asegurador: ampliar la cobertura podría reducir la evasión y garantizar que todas las víctimas reciban atención sin discusiones administrativas. Sin embargo, también abre un debate profundo sobre el modelo de financiación.
Actualmente, el Soat opera bajo el principio de que quien genera el riesgo paga el seguro. Si el Estado asume el costo para un segmento amplio del parque automotor, el gasto no desaparece, sino que se traslada al presupuesto público, es decir, a los contribuyentes. Expertos advierten que esto podría transformar el Soat de un seguro obligatorio financiado por usuarios a un esquema cercano a un subsidio estatal permanente, lo que muchos consideran se convertiría a largo plazo en más impuestos para poder cubrir este alto gasto.
El punto más sensible es que las motocicletas representan el grupo con mayor siniestralidad. Por ello, asumir su cobertura implicaría un compromiso fiscal significativo y sostenido en el tiempo. Además, algunos analistas señalan el riesgo de reducir incentivos individuales para la prevención si el conductor deja de asumir directamente el costo del seguro.
Aunque lejana a cualquier idea y política del presidente Gustavo Petro, la propuesta de Paloma Valencia hace recordar cuando en el entonces candidato del Pacto Histórico proponía bajar el precio de Soat “radicalmente”.
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