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Vivir en conjuntos residenciales implica acatar la normativa interna establecida por cada copropiedad, la cual se rige, en términos generales, por lo dispuesto en la Ley 675 de 2001. Esta legislación define los lineamientos para la organización y funcionamiento de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, incluidos aspectos relacionados con la convivencia.
Uno de los temas que suelen abordarse en los reglamentos internos es la tenencia responsable de mascotas. Sin embargo, en aras de promover una convivencia pacífica y organizada, actualmente se tramita un proyecto de ley que propone modificaciones sustanciales en este ámbito. El propósito principal es ajustar la normativa vigente para ofrecer un marco legal que contemple, entre otros aspectos, la presencia de animales sin propietario en zonas comunes de los conjuntos residenciales.
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El proyecto busca modificar varios artículos de la Ley 675 de 2001. Entre sus propuestas, destaca la posibilidad de que los residentes puedan acoger de manera voluntaria animales en condición de abandono, permitiendo su permanencia en áreas compartidas, siempre y cuando se garantice su bienestar y no se generen afectaciones a los demás habitantes del conjunto. Esta acción estaría respaldada legalmente y no podría ser impedida por la administración o los órganos de representación de la copropiedad.
¿Cuál sería el cambio que tendrían la tenencia de mascotas en conjuntos?
Uno de los artículos del proyecto estipula que, en caso de ser aprobado, las administraciones de los conjuntos residenciales no podrán expulsar animales en situación de protección, retirar adecuaciones dispuestas para su cuidado ni obstaculizar las labores humanitarias que los residentes emprendan en favor de estos seres vivos.
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Además, se plantea que la tenencia de mascotas conlleve ciertas obligaciones por parte de los propietarios o cuidadores. Entre ellas, la inscripción obligatoria del animal ante la administración del conjunto, medida que facilitaría la consolidación de censos locales. La información recopilada sería remitida a las alcaldías municipales o distritales con el fin de mantener actualizadas las bases de datos sobre animales domésticos, y así permitir una trazabilidad más eficiente en casos de incidentes o situaciones que requieran intervención de las autoridades.
En el caso de perros clasificados como de manejo especial, la custodia y supervisión quedarían bajo la responsabilidad de las autoridades locales o entidades competentes. También se incluiría la obligación de denunciar cualquier forma de maltrato físico o psicológico hacia los animales, ya sea por parte de residentes o de terceros, promoviendo así la colaboración entre la comunidad, la administración y las autoridades competentes para prevenir y sancionar el abuso animal.
Adicionalmente, el proyecto contempla la creación de un protocolo específico para el uso de plaguicidas en las propiedades horizontales. El objetivo de esta medida es reducir los riesgos que puedan representar estos productos tanto para la salud humana como para la de los animales que habitan en los conjuntos residenciales.
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