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El regreso a clases en la Institución Educativa Minas, ubicada en San Martín, Cesar, luego de cuatro días de paro estudiantil, ha puesto en evidencia una preocupación estructural sobre la situación de la infraestructura educativa en Colombia. De acuerdo con El Pilón, padres de familia denunciaron que alrededor de 380 estudiantes se encontraban afectados por deficiencias graves en el colegio, las cuales abarcan deterioro del techo, instalaciones eléctricas deficientes, baterías sanitarias en mal estado, suministro de agua insuficiente y acumulación de basuras. Ante esta realidad, la Secretaría de Educación del Cesar, liderada por Yasmín García, confirmó que se ejecutarán reparaciones por 50 millones de pesos tras la postulación de la institución a una convocatoria sectorial dirigida a mejorar la infraestructura de 180 colegios en el departamento.
Lo que ocurre en San Martín es el reflejo de una problemática nacional: la crisis de infraestructura escolar que atraviesa Colombia en diversos territorios. Así lo evidencia el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que en 2022 indicó que cerca del 15% de las instituciones educativas públicas presentan deterioros importantes que repercuten en el proceso de aprendizaje. Investigaciones de la Revista Colombiana de Educación, vinculada a la Universidad Nacional de Colombia, advierten que la insuficiencia de inversiones constantes en infraestructura profundiza las desigualdades educativas y afecta de manera especial a las zonas rurales o de bajos recursos.
La situación desatada en la Institución Educativa Minas también deja ver falencias en la gestión pública y la coordinación entre distintas instancias de gobierno. Yasmín García subrayó la necesidad del acompañamiento por parte de la administración municipal, cuyo alcalde se comprometió a intervenir en una reparación mayor prevista para 2026. Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) resalta que más allá de contratos puntuales, se requiere ejecutar un seguimiento efectivo y adoptar esquemas de mantenimiento que permitan evitar crisis y manifestaciones recurrentes en las escuelas.
Otra dimensión relevante es el papel de la comunidad educativa en la definición de políticas escolares. De acuerdo con expertos citados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), acciones como el paro estudiantil no solo denuncian dificultades inmediatas, sino que impulsan mecanismos de participación y control social que fortalecen la gestión educativa y refuerzan el vínculo entre autoridades y ciudadanos.
La problemática reportada en San Martín resalta la urgencia de abordar las mejoras en infraestructura escolar no solo como un reto de ingeniería, sino como un componente fundamental de la equidad y de la calidad educativa. Organismos como UNICEF Colombia insisten en la necesidad de establecer visiones integrales y sostenibles que garanticen ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje, evitando que la educación de los niños y jóvenes dependa de coyunturas excepcionales o de la capacidad de movilización de las comunidades.
En síntesis, el caso de la Institución Educativa Minas es un llamado a diseñar políticas públicas a largo plazo y dotar a las escuelas colombianas de condiciones que permitan ejercer el derecho a la educación de manera digna, estable y segura, especialmente en aquellas regiones donde la precariedad es más evidente.
¿Por qué es importante una política pública integral para la infraestructura escolar?
La importancia de una política pública integral radica en que permite abordar las múltiples dimensiones presentes en la infraestructura escolar, superando la solución de emergencias puntuales. De acuerdo con datos citados del DANE y UNICEF Colombia, las deficiencias en la infraestructura no solo repercuten en el bienestar físico de los estudiantes, sino que afectan directamente la calidad del aprendizaje, el rendimiento académico y la igualdad de oportunidades. Una política integral facilita la planificación, asignación y uso eficiente de recursos, además de establecer mecanismos claros de seguimiento y mantenimiento que previenen la recurrencia de crisis.
Al implementar un enfoque global, se fomenta la corresponsabilidad institucional y social, permitiendo que los procesos de mejora trasciendan cambios administrativos o coyunturas políticas. Esto es fundamental para garantizar que todas las escuelas, sin distinción de ubicación o capacidad local de gestión, ofrezcan condiciones dignas a niños y jóvenes. Así se promueve la equidad, pieza central para avanzar como sociedad.
¿Qué significa mantenimiento preventivo en la gestión de infraestructura escolar?
El mantenimiento preventivo, como citado en los análisis de la FLIP y la OEI, hace referencia a las acciones planificadas y sistemáticas que se aplican para conservar y asegurar el funcionamiento adecuado de los espacios escolares antes de que aparezcan fallas graves. Esto involucra revisiones periódicas, reparaciones menores, limpieza y renovación de elementos fundamentales como techos, redes eléctricas y sistemas de agua, evitando el deterioro progresivo y las interrupciones en el servicio educativo.
Incorporar el mantenimiento preventivo en la gestión escolar permite anticipar problemas mayores, optimizando el uso de recursos económicos y minimizando los riesgos para la comunidad educativa. Esta estrategia ayuda a evitar que los estudiantes y docentes vean afectado su derecho a la educación por cuestiones materiales que podrían prevenirse con una administración adecuada y responsable.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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