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El reciente incremento del salario mínimo en Colombia, anunciado por el Gobierno Nacional con un alza del 23,7%, ha encendido las alertas entre los actores clave de la industria de la construcción, particularmente en Risaralda. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), este ajuste tiene profundas repercusiones sobre los costos de producción y la oferta final de la vivienda, afectando en especial a los programas de vivienda de interés social y prioritario. Según Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol en Risaralda, esta situación tiene el potencial de frustrar el sueño de miles de familias de adquirir una vivienda propia, ya que el aumento incide directamente en el precio final del inmueble al momento de escriturar, dado que el valor se calcula con base en el salario mínimo vigente.
Muchos hogares en Colombia habían construido su cierre financiero para proyectos habitacionales en 2024 bajo la expectativa de un ajuste moderado del salario mínimo, alrededor del 10 % o 12%. Sin embargo, el incremento decidido por el Gobierno Nacional superó ampliamente estas proyecciones. Esta brecha entre lo planeado y la realidad ha generado que numerosas familias se vean imposibilitadas de concretar sus negocios inmobiliarios, ya que un salario mínimo más alto implica un ajuste inmediato al valor de la vivienda.
Por ejemplo, según lo reportado por Camacol, los valores de la vivienda han experimentado incrementos sensibles: la vivienda de interés prioritario (VIP) pasó de costar 117 millones en 2024 a 128,1 millones en 2025, y para 2026 se estima que llegue a 157,2 millones de pesos. La vivienda de interés social (VIS), calculada en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ascendió de 175,5 millones en 2024 a 192,1 millones en 2025 y podría alcanzar los 235,8 millones en 2026. A pesar de una reducción en los desistimientos durante 2025, atribuida al cierre del programa “Mi Casa Ya” y a la eliminación de subsidios, estas nuevas condiciones económicas podrían revertir la tendencia, incrementando los retiros de compradores.
A este panorama se suman otros factores adversos: altos precios del suelo en ciudades como Pereira, costos persistentes de materiales de construcción y tasas financieras que, aunque han presentado leves mejoras, lejos están de los niveles óptimos para facilitar la compra de vivienda. A esto se añade la limitación de los subsidios otorgados por las cajas de compensación y la inexistencia de apoyos locales en Risaralda, en contraste con otros departamentos como Antioquia, Atlántico o Bogotá, que sí cuentan con aportes de sus respectivos gobiernos locales.
El contexto se complica aún más ante los señalamientos del Presidente de la República hacia los constructores por el alza en los precios. Según Camacol, la subida no depende de la voluntad de los constructores, sino de una estructura de precios directamente indexada al valor del salario mínimo, normativa que es definida por el propio Gobierno. Por tanto, las decisiones institucionales respecto a la política salarial inciden de manera directa sobre la asequibilidad y el acceso a la vivienda social.
De cara a 2026, Baza advierte sobre un panorama incierto en la región. La desaceleración en el lanzamiento de nuevos proyectos no solo afecta las cifras de construcción y vivienda, sino que incide en el empleo y en toda la cadena de valor del sector. Mientras el segmento de vivienda no VIS mostró cierto dinamismo en 2025, las perspectivas para la VIS y VIP resultan poco alentadoras si no se adoptan medidas públicas que faciliten el acceso a una vivienda digna para más hogares colombianos.
¿Por qué el valor de la vivienda se calcula en salarios mínimos en Colombia?
En Colombia, el costo de ciertas viviendas, especialmente la de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), se establece tomando como base los salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este método de indexación es relevante porque los precios finales de los inmuebles varían automáticamente cada vez que ocurre un ajuste al salario mínimo, tal como explicó Camacol en el contexto reciente.
De esa manera, cualquier incremento significativo en el salario mínimo impacta directamente los precios de las viviendas en estos segmentos, afectando la capacidad de compra de los hogares y el acceso a subsidios. Este sistema busca mantener la equidad, pero, como se detalla en la información proporcionada, también puede dificultar el acceso a la vivienda cuando existen aumentos abruptos del salario mínimo nacional. ¿Será necesario replantear este método para garantizar el acceso efectivo a la vivienda social?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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