Este miércoles, Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, alcanzó un acuerdo histórico con una coalición bipartidista de fiscales generales de Estados Unidos para resolver las demandas que la acusaban de diseñar plataformas adictivas que perjudican la salud mental de niños y adolescentes.
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El pacto, anunciado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el fiscal general de California, Rob Bonta, pone fin a un juicio federal que había arrancado el 18 de agosto en Oakland, California, y evita que el caso llegue a sentencia.
Según el comunicado oficial de la Oficina del Fiscal General de Nueva York, Meta pagará hasta 17.100 millones de dólares a los estados a lo largo de diez años. Una parte base de al menos 12.100 millones está garantizada; el resto depende de que otras plataformas como YouTube y TikTok adopten medidas similares.
Nueva York recibirá entre 819 millones y 1.150 millones de dólares, destinados a educación y servicios para jóvenes con problemas de uso de redes. California, por su parte, podría obtener entre 1.500 y 2.100 millones, de acuerdo con el anuncio del fiscal Bonta.
Meta niega las acusaciones y cualquier responsabilidad. Las demandas, presentadas en 2023, alegaban que la compañía implementó funciones que sabía dañinas para maximizar el tiempo de uso de menores, engañó al público sobre los riesgos y recopiló datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento parental exigido por la ley federal de protección de la privacidad infantil (COPPA).
¿Qué cambios hará Meta en Facebook e Instagram?
El acuerdo, sujeto a la aprobación del tribunal, incluye cambios obligatorios en Facebook e Instagram que se aplicarán a escala nacional en Estados Unidos. Las medidas que Meta se comprometió a implementar son las siguientes:
- Límite diario de tiempo por defecto de dos horas combinadas en Facebook e Instagram para usuarios menores de 18 años. Solo un padre o tutor puede desactivarlo o modificarlo. Si otras plataformas adoptan términos comparables, el límite podría bajar a una hora.
- “Pausas productivas” obligatorias: interrupciones del contenido tras 15 minutos de uso continuo, y recordatorios adicionales a los 60 y 90 minutos de uso acumulado, para romper el scroll infinito.
- Bloqueo nocturno por defecto entre medianoche y las 6:00 a.m. (solo levantable por los padres).
- Restricción de notificaciones push durante el horario escolar (aproximadamente de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. en días lectivos) y en la noche.
- Mecanismos reforzados de verificación y aseguramiento de edad para detectar usuarios menores de 18 y, especialmente, menores de 13, e impedir el acceso a contenido restringido por edad.
- Herramientas parentales mejoradas de supervisión y control, más fáciles de usar.
- Restricciones a funciones potencialmente dañinas: ocultar los “me gusta” o reacciones por defecto en las publicaciones de adolescentes, bloquear filtros extremos de maquillaje y reforzar controles sobre contenido de ‘bullying’, trastornos alimentarios o autolesiones.
- Designación de un auditor independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones.
Estas reformas, según los fiscales, buscan reducir el uso compulsivo y los riesgos asociados a la salud mental. Meta ha invitado a sus competidores a adoptar estándares equivalentes, argumentando que se requiere una solución de toda la industria.
¿Podría ocurrir algo similar en Colombia?
En Colombia no existe un proceso judicial equivalente ni un acuerdo de esta magnitud con Meta, pero el país avanza en regulaciones propias. En julio de 2026 el Gobierno expidió el Decreto 0769, que reglamenta la Ley 2489 de 2025 sobre entornos digitales sanos y seguros.
La norma obliga a las plataformas (incluyendo Instagram, Facebook, TikTok y YouTube) que operan en el país a implementar verificación de edad acorde al riesgo, controles parentales fáciles de usar, privacidad por defecto, reporte inmediato de material de abuso sexual infantil, informes semestrales de gestión de riesgos al MinTIC y evaluación del impacto de sus algoritmos de recomendación para evitar hábitos adictivos.
Además, en julio de 2026 congresistas del Centro Democrático radicaron un proyecto de ley estatutaria que busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con sistemas estrictos de verificación de edad. Aunque aún está en trámite y enfrenta debates sobre viabilidad técnica y privacidad, refleja una preocupación creciente por la salud mental de los jóvenes.
Por ahora, Colombia apuesta por la corresponsabilidad entre Estado, plataformas, colegios y familias, más que por un modelo de sanciones millonarias como el estadounidense. Sin embargo, el acuerdo de Meta en Estados Unidos podría servir de referencia: si las plataformas globales ya se ven obligadas a limitar el tiempo de uso y reforzar controles en un mercado clave, es previsible que esas mismas herramientas se extiendan o se adapten a otros países, incluido Colombia, donde la presión regulatoria y social sigue aumentando.
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