En un video que circuló por redes sociales el pasado viernes quedó registrado el momento en el cual un grupo de soldados oculta con pintura los rostros de cinco altos mandos militares comprometidos con los mal llamados ‘falsos positivos’, más de 5.000 asesinatos de personas que hicieron aparecer como guerrilleros y nada tenían que ver con el conflicto armado. Las imágenes hacen parte de un mural en el que se denuncia lo ocurrido entre 2000 y 2010.
Puede parecer un hecho aislado, pero tiene que ver exactamente con la intención de no querer que se conozca la verdad de tantos años de violaciones a los derechos humanos y de un plumazo desviar la atención como si nada hubiera pasado. Todo eso en contravía de lo establecido en el Acuerdo de Paz en favor de los derechos de las víctimas. Lo que está ocurriendo es un boicot a la verdad con la complicidad de un gobierno que hace mutis por el foro, en otra muestra de su total desinterés por impulsar lo mínimo para lograr la reconciliación y preocupado más por lo que ocurre en el vecindario que por la tragedia humanitaria de decenas de líderes y lideresas sociales.
El mural, pintado en el occidente de Bogotá, registra 5.763 asesinatos y se pregunta: “¿Quién dio la orden?”. Aparecen el general Nicacio de Jesús Martínez, comandante del Ejército; el general (r) Mario Montoya Uribe, el general Adolfo León Hernández, quien dirige el comando de Transformación del Ejército; el general Marcos Evangelista y el coronel (r) Juan Carlos Barrera.
El mural tiene el sello de #CampañaPorLaVerdad, una iniciativa de la que hacen parte once organizaciones de derechos humanos con el propósito de visibilizar los crímenes de Estado ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante la cual se han entregado seis informes que reflejan la práctica masiva de ejecuciones extrajudiciales en las unidades comandadas por los altos mandos mencionados.
Lo escandaloso, en medio de lo ocurrido con el mural, es que los asesinatos que se denuncian siguen en la impunidad y que están vinculados a las investigaciones miembros activos de las Fuerzas Militares, algo denunciado incluso por organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch.
Por supuesto, hay silencio del Gobierno y esperamos que pronto se pronuncien los organismos de control. La pregunta que esperamos que se responda pronto es: ¿quién dio la orden de ocultar los rostros de los altos oficiales?
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