La tentación de los gobiernos de controlar la protesta social reaparece cuando aumenta el descontento de las comunidades. En una democracia la participación implica que la ciudadanía se exprese desde diferentes escenarios y que quienes administran el Estado atiendan sus requerimientos.
La protesta surge cuando se desatienden las necesidades, cuando se incumplen los compromisos y cuando se toman decisiones que afectan la calidad de vida de la gente. No más en el vecino Ecuador, la explosión social se da por un aumento del ciento por ciento del precio del combustible para atender las exigencias del Fondo Monetario Internacional, afectando obviamente el bolsillo de la población. Allí, el Gobierno está vinculando la protesta con la supuesta participación del gobierno venezolano en las masivas protestas de los indígenas. Es una vieja estrategia, que aquí también se utiliza, de responsabilizar a actores externos cuando el corazón de la movilización guarda relación directa con acciones gubernamentales que afectan a las mayorías.
La movilización y el cese de actividades se vuelven el único camino de mujeres y hombres del campo, estudiantes, integrantes de la rama judicial, de la educación públicas, de las familias, de las comunidades indígenas y afrocolombianas y víctimas del conflicto, entre muchos otros.
Por eso, la única vía para desactivar las marchas es que el Estado cumpla, que siempre piense en la gente, que no sea vocero de intereses privados.
Ahora resulta que en medio de la provocación del Esmad y de actos violentos de personajes sin rostro, señalados de infiltrar las marchas para deslegitimarlas, aparecen voces para limitar la expresión de la ciudadanía.
A esto se agrega la desinformación de la opinión pública. Lo más reciente tiene que ver con las marchas estudiantiles provocadas por denuncias de corrupción en la Universidad Distrital, por el abuso policial y por incumplir de acuerdos para la destinación de más recursos para la educación pública.
Limitar la protesta social es andar el camino del autoritarismo y significa violentar la democracia.
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*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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