El 16 de septiembre de 1999 fue asesinado el periodista Guzmán Quintero Torres en Valledupar por un sicario al servicio de los paramilitares que operaban en el departamento del Cesar. Era el jefe de redacción de ‘El Pilón’ y había asumido valientemente las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de militares adscritos al Batallón La Popa durante esa década.

La semana pasada, a pocas horas de prescribir, su caso fue declarado delito de lesa humanidad, lo que ayuda a evitar que quede impune. Por su asesinato la justicia condenó a los dos autores materiales: quien disparó y quien conducía la moto en la que huyeron. Pero no se ha resuelto quién ordenó su muerte, algo determinante para conocer la verdad sobre el hostigamiento a periodistas en las regiones.

Entre otras cosas, Quintero había denunciado los nexos de los paramilitares del Cesar con militares y autoridades civiles. Tras su asesinato y la indudable persecución a otros colegas de distintas zonas del país, en el 2000 se reconoció que quienes cumplen con el oficio periodístico hacen parte de una población en riesgo y se creó el programa para protegerlos.

Lo que le ocurrió al jefe de redacción de ‘El Pilón’ hace parte de una larga lista de comunicadores y comunicadoras que han sido hostigados y hasta asesinados por cumplir con su función de denunciar a todos aquellos que atentan con el bienestar de la sociedad. Este panorama se siente más fuerte en la provincia, en donde la desprotección es mayor.

La decisión de la Fiscalía de declararlo delito de lesa humanidad porque no fue un hecho aislado, no solo es oportuna para resolver en justicia lo ocurrido a Quintero, sino que ayuda a no olvidar las condiciones de fragilidad de muchas y muchos periodistas expuestos a la estigmatización y al señalamiento por contar la verdad. Sin agregar otro tipo presiones, muchas de ellas por cuenta de los mismos dueños de los medios de comunicación, para silenciar con el desempleo a quienes se atrevan a escarbar donde algunos no quieren. Se ha revitalizado la autocensura como mecanismo de salvaguarda de algunos periodistas, que esclaviza los principios del oficio. O los vetos empresariales a medios de comunicación independientes del poder económico y político para asfixiarlos financieramente quitándoles la publicidad.

También es crítico que se conocen públicamente las distintas formas de hostigamiento de quienes trabajan con medios de comunicación de alcance nacional, pero se ignora la situación de indefensión de quienes cumplen funciones periodísticas en zonas afectadas por la confrontación armada y la presencia de diversos factores de violencia, incluso con la complicidad de agentes del Estado y de empresarios.

Si queremos caminar por los senderos de la paz, la sociedad tiene que proteger a quienes no tragan entero y ponen en evidencia a todos aquellos que les han hecho daño a las regiones y al país.  La libertad de prensa no puede ser solo un artículo en la Constitución. Hoy, en medio de las difíciles circunstancias para la paz, se hace ineludible garantizar que el oficio periodístico no tenga restricciones que atenten contra la verdad y la independencia.

Columnas anteriores

La trampa de la autorregulación por parte de la industria

La paz de Colombia no puede estar en juego

Las venas abiertas de La Guajira por cuenta del negocio minero del Cerrejón

*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.