Algunas prácticas de industrias de bebidas azucaradas y de comida ultra procesada van en contravía de la salud de la población en Colombia. Así queda claro, cuando han evitado que el Congreso legisle para que en sus productos se fijen etiquetas que adviertan sobre los riesgos para la salud del contenido de sus productos y se prohíba su consumo en los colegios. Incluso, se ha frustrado la posibilidad de un impuesto y de restricciones en la publicidad.

Lamentable también que en el Congreso y en el Gobierno hagan caso omiso a la necesidad de tener una política pública para garantizarle a la población su bienestar en temas de alimentación y salud. El lobby de los industriales, la estigmatización a quienes van en contravía de los intereses de la industria, la complicidad de algunos congresistas y gobernantes nacionales, regionales y locales y las mentiras sobre los efectos que tendrían esas medidas para la economía hacen parte de las acciones para interferir en decisiones que son del Estado.

La semana pasada, con bombos y platillos, el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y la industria de bebidas azucaradas anunciaron que Icontec verificará las acciones de autorregulación a las que se comprometieron hace tres años y que no han cumplido, como el etiquetado con más información, no vender en los colegios y nada de comerciales en televisión en franja infantil.

Si supuestamente están comprometidos con la salud de los consumidores, ¿por qué se oponen a que se legisle sobre estos temas? ¿Por qué a través de la Andi califican de intimidación y hostigamiento la acción de organizaciones sociales para que se tramiten los proyectos de ley sin la interferencia de la industria? Además. ¿por qué tres años después de haber lanzado el plan de autorregulación ahora sí van a cumplir? Lo que ocurrió en el 2016 se quedó en el papel y en el anuncio. Quedó claro que no tienen la menor voluntad por la autorregulación, que se traduce más bien en dilatar algo que debió hacerse hace mucho rato. Si la tuvieran, no engañarían a los consumidores asegurando que ciertas bebidas son de fruta cuando no lo son.

Por esto mismo, se creó la campaña ‘Dulce Veneno’, para llamar la atención sobre aquellas prácticas poco éticas de algunas industrias en la toma de decisiones públicas para favorecer los intereses privados sobre el interés general. Se han ido sumando diferentes sectores que entienden que la autorregulación es insuficiente y que es urgente tomar medidas en favor de la salud pública. No se pretende de ninguna manera afectar el empleo de la industria, ni la estabilidad económica de las tiendas de barrio, como ha querido mostrarlo la industria para ponerle más obstáculos a la discusión legislativa.

La campaña busca también la firma del ‘Pacto por la transparencia en las políticas públicas de salud pública’. Se espera que lo suscriban funcionarios, congresistas, gobernantes regionales y locales, concejales, diputados, ediles, miembros de organismos de control, de organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos y candidatas y candidatos a las elecciones regionales de octubre.

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