Un estudio reciente del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), organismo adscrito a Unasur, advierte sobre la interferencia del sector privado en las políticas públicas. El documento se llama ‘Interferencia de la Industria de Alimentos en las Políticas de Etiquetado Gráfico Innovador de Alimentos Procesados’ y es avalado por los doce ministros y ministras de salud de igual número de países de la región, incluido el jefe de la cartera en Colombia, Juan Pablo Uribe Restrepo.
En la motivación del estudio apunta al corazón del problema. “Que se han documentado diversas estrategias de interferencia debido a intereses comerciales contrarios al derecho a la salud y al desarrollo de políticas de alimentación y nutrición saludable”. Asimismo, la investigación identificó cinco mecanismos de interferencia de la industria: negación de la necesidad y utilidad del etiquetado propuesto, cuestionamientos técnicos, consecuencias económicas desfavorables, amplio uso mediático y otros posibles mecanismos como “corrupción en términos de posibles contribuciones económicas con distintos órganos asesores, o conflicto de intereses en las autoridades encargadas de la aprobación de las políticas”.
Tal cual viene ocurriendo en Colombia, hace apenas dos meses no pasó un proyecto de ley en el Congreso para establecer el etiquetado en bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados y otras medidas, como prohibición de venta en colegios y publicidad masiva. En medio de maromas de todo tipo, la Comisión Séptima de la Cámara le cerró la puerta en las narices a la salud de la población.
Para la legislatura actual se presentaron por lo menos seis proyectos de ley que apuntan a mejores condiciones de salud para las colombianas y los colombianos, pero desde ya se sabe que la presión de la industria y de gremios económicos es enorme para imponer trabas e impedir que se conviertan en ley.
Volviendo al estudio del ISAGS, el primer párrafo muestra una realidad que la industria quiere tapar con engaños y manipulaciones. “La transición nutricional hacia el consumo de productos industrialmente procesados con altos contenidos de grasas, sodio, azúcares y calorías es uno de los elementos involucrados en la pandemia de obesidad del siglo XXI”.
Sobre la mesa en esta legislatura están el proyecto que tiene medidas como el etiquetado y restricciones a la publicidad de algunos productos que atenten contra la salud de niñas y niños, que sustancialmente son los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas.
Hay otro proyecto que le apunta a convertir los colegios en entornos saludables, sin la tentación comercial de los alimentos ultraprocesados y las bebidas cargadas de niveles de azúcar nocivos.
Otra iniciativa que está en juego es el de la promoción de la lactancia materna y el fomento de la alimentación infantil sana. También se radicó un proyecto para que los productos transgénicos tengan información sobre sus condiciones para que el consumidor esté enterado. Por la misma línea está la propuesta para crear políticas de nutrición saludable y se desincentive el consumo de productos sobre los que existe evidencia científica de efectos negativos sobre la salud. El sexto proyecto busca ampliar las restricciones al consumo de tabaco.
Ninguna de estas iniciativas es inédita en el mundo. Por el contrario, en otros países las políticas públicas en salud no tienen excusas.
¿Será mucho pedirle al Congreso que piense en la gente y no en los intereses privados? El Gobierno debería respaldar esas iniciativas y ser consecuente con el estudio del ISAGS que el Ministro de Salud avala.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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