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Dos episodios recientes de violencia intrafamiliar en el departamento del Quindío, Colombia, han arrojado luz sobre la complejidad y gravedad de este fenómeno dentro de los núcleos familiares, particularmente cuando los agresores y las víctimas corresponden a la relación entre progenitores e hijos. En uno de los casos, ocurrido en el municipio de Montenegro, una adolescente de 15 años fue retenida luego de agredir físicamente a su madre y actuar con violencia contra los agentes de policía que acudieron a la vivienda. El otro incidente, reportado en Armenia, involucró a una mujer de 31 años, capturada por herir con un arma cortopunzante a su propia madre, según informó Crónica del Quindío.
La violencia intrafamiliar, definida a nivel internacional como la ejercida entre miembros de un mismo hogar y sustentada en desequilibrios de poder, trae consigo repercusiones profundas tanto a nivel físico como psicológico para las víctimas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) resalta que este problema social puede derivar en trastornos mentales, abuso de sustancias y dificultades en el desarrollo integral de quienes la sufren, al tiempo que incrementa la probabilidad de perpetuar ciclos de violencia intergeneracional.
Colombia enfrenta un preocupante incremento en los reportes de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en 2023 se evidenció un aumento sostenido de estos casos, en los que las agresiones entre padres e hijos han cobrado especial relevancia. Estas situaciones suelen guardar relación con factores como el estrés económico, el consumo de sustancias psicoactivas, la disfunción familiar y la ausencia de modelos saludables de convivencia[INMLCF, 2023].
El caso específico de la adolescente que arrojó piedras a los uniformados ilustra los desafíos que enfrentan tanto la justicia como la sociedad en el abordaje de esta problemática. En el contexto colombiano, la Ley 1098 de 2006 y el Estatuto de la Bogotá fijan los parámetros para la responsabilidad penal juvenil e implementan medidas orientadas a la reintegración de los menores infractores, privilegiando procesos restaurativos y socioeducativos. No obstante, profesionales como la psicóloga María Fernanda Acosta advierten, en conversación con El Espectador, que la ausencia de programas sólidos de apoyo psicológico y familiar continúa dificultando la rehabilitación y predispone a la reincidencia.
Otro aspecto crucial es la falta de acceso efectivo a la justicia para las mujeres adultas víctimas de violencia intrafamiliar. Datos de la Fiscalía General de la Nación reflejan que menos del 30% de las denuncias llegan a sentencia condenatoria, lo cual evidencia obstáculos significativos en los procesos penales y en el respaldo institucional a las víctimas.
Los acontecimientos en Montenegro y Armenia también han reavivado el debate sobre la pertinencia y alcance de las políticas públicas del Quindío frente a la prevención de la violencia doméstica. El programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Policía Nacional recomienda fortalecer los Centros de Atención Inmediata (CAI) y promover la formación en resolución de conflictos, pero insiste en que es indispensable articular estas acciones con los servicios de salud mental y asistencia social. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) enfatiza la importancia de fomentar habilidades parentales, educar en igualdad de género y ampliar el acceso a mediación familiar.
En este escenario, el llamado del coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía Departamental, a dirimir pacíficamente los conflictos familiares subraya la necesidad de tratar la violencia doméstica no solamente como un asunto legal, sino también como una problemática sociocultural. Un abordaje efectivo requiere la convergencia de la educación, la salud, la justicia y la comunidad para romper los ciclos de violencia, protegendo así a quienes están en situación de vulnerabilidad.
En definitiva, los casos recientes en el Quindío reafirman la urgencia de reforzar la educación familiar y la acción estatal a fin de promover hogares seguros, en los cuales la resolución pacífica de las diferencias se convierta en la base para reconstruir el tejido social.
¿Qué implica el término “medidas socioeducativas” en el contexto de la responsabilidad penal juvenil en Colombia? La pregunta surge porque los casos mencionados involucran tanto a adultos como a menores que cometen actos de violencia intrafamiliar, lo que lleva a preguntarse cuáles son las consecuencias legales y sociales para adolescentes y jóvenes en Colombia. Según la Ley 1098 de 2006, las "medidas socioeducativas" consisten en alternativas a la privación de la libertad orientadas a la formación, reeducación y reinserción social del menor infractor. Estas medidas buscan no solo responsabilizar, sino también ofrecer herramientas para que el joven transforme su conducta y evite la reincidencia. El contexto legal colombiano prioriza la protección y el desarrollo integral de los adolescentes involucrados en conflictos con la ley, y destaca la importancia de la intervención psicosocial y familiar como parte de estos procesos.
¿Cómo inciden los factores sociales y económicos en la violencia intrafamiliar? La inquietud sobre el impacto de variables externas como la economía o el entorno social es relevante, ya que los incidentes presentados se vinculan a problemáticas más estructurales que trascienden el hogar. La información suministrada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que condiciones como el desempleo, la pobreza, la carencia de modelos afectivos y el consumo de sustancias psicoactivas son factores fundamentales que aumentan el riesgo de violencia dentro de las familias. Estos elementos pueden generar tensiones, reducir la tolerancia y aumentar la posibilidad de conflictos que desembocan en agresión. Por ello, las políticas públicas enfocadas en la prevención consideran necesario abordar no sólo el comportamiento individual, sino también fortalecer el acceso a servicios sociales, educativos y de apoyo psicosocial para las familias vulnerables.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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