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En Manizales, la violencia intrafamiliar y de género ha alcanzado niveles preocupantes, lo que llevó a la Personería Municipal a abrir un proceso preventivo ante la deficiente respuesta en el seguimiento y protección de las víctimas. Juan Pablo Osorio Gallo, personero de la ciudad, indicó que actualmente existen cerca de 2.996 medidas de protección emitidas por las comisarías de familia, pero muchas no cuentan con el respaldo ni la verificación exhaustiva por parte de la Policía, restringiendo su efectividad a simples documentos jurídicos. Esta situación se inscribe en un panorama recurrente, confirmado por investigaciones recientes en Colombia, donde el monitoreo de medidas de protección es intermitente, con sistemas de información fragmentados y vacíos sustanciales en la respuesta institucional, tal como documentan reportes de la Fiscalía General de la Nación y del Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Nacional.
Parte del problema radica en la insuficiente coordinación entre las diferentes entidades y la falta de reportes periódicos, lo que dificulta la evaluación del riesgo persistente para las víctimas. Muchas de ellas son mujeres que sufren no solo agresión física, sino también violencia psicológica, económica y patrimonial; modalidades que suelen pasar desapercibidas en los protocolos convencionales, históricamente enfocados en la violencia física, según ha recogido el periódico La Patria a partir de fuentes oficiales y testimonios de la ciudad.
La Personería, junto a las secretarías del Interior y de la Mujer, propone un plan que incluye organizar y depurar las bases de datos, integrar información y priorizar zonas mediante georreferenciación. Como parte de este esfuerzo, se proyecta la creación de un Observatorio de Medidas de Protección que funcione como un sistema de alertas tempranas, diseñado para activar respuestas coordinadas y focalizadas de las autoridades. Estas medidas pretenden convertir las órdenes de protección en instrumentos útiles y eficaces, permitiendo una acción preventiva y campañas de sensibilización orientadas, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud y respaldan diversos estudios académicos y reportajes de El Espectador.
En lo que va del año 2024, las denuncias de violencia intrafamiliar han registrado un crecimiento sostenido, lo que refleja tanto el aumento de los casos como una mayor disposición de las víctimas para denunciar. Sin embargo, la respuesta institucional aún debe avanzar hacia sistemas más integrados y efectivos que aborden todo el espectro de violencias. La visión de los expertos es clara: la capacitación de funcionarios públicos y líderes comunitarios es crucial, así como la utilización de herramientas digitales capaces de identificar patrones y planificar intervenciones estratégicas, siguiendo buenas prácticas recomendadas por organismos especializados.
Este desafío representa una problemática estructural no solo en Manizales, sino en otras ciudades de Colombia y América Latina, donde la fragmentación institucional y la ausencia de políticas sostenidas aumentan la vulnerabilidad de las víctimas. El éxito dependerá de una respuesta verdaderamente coordinada, reclamando la participación continua de todas las instituciones y la inclusión activa de la sociedad civil, logrando que las acciones propuestas dejen de ser eventuales y adquieran carácter estructural y preventivo.
¿Qué papel juegan las comisarías de familia en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar?
En el contexto de Manizales, las comisarías de familia son las entidades encargadas de emitir medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar y de género. Estas medidas, que buscan resguardar a las víctimas frente a posibles agresores, representan el primer paso formal en el acompañamiento institucional. Sin embargo, según lo evidenciado por el personero Juan Pablo Osorio Gallo y reportes de "La Patria", su impacto depende estrechamente del seguimiento y la acción coordinada de la Policía y otras instancias responsables. Cuando este acompañamiento es limitado o insuficiente, las medidas corren el riesgo de quedarse en una esfera puramente administrativa, sin incidir en la reducción del riesgo ni garantizar la seguridad de las víctimas. Por ello, su efectividad requiere una articulación sostenida entre entidades y el desarrollo de sistemas de monitoreo permanente.
¿Por qué es importante incorporar la violencia psicológica, económica y patrimonial en los protocolos de protección?
Diversos reportes de organismos internacionales y nacionales, como la Organización Mundial de la Salud y el Observatorio de Violencia de Género en Colombia, señalan que la violencia de género abarca mucho más que las agresiones físicas. Las manifestaciones psicológicas, económicas y patrimoniales representan formas menos visibles pero igual de graves, con consecuencias profundas para las víctimas. En Manizales, la Personería enfatiza la necesidad de reconocer y abordar estas variantes, ya que una protección limitada al daño físico deja innumerables casos en la invisibilidad y desamparo institucional. Integrar todas las formas de violencia en los protocolos amplía el alcance de las respuestas y permite construir políticas públicas más inclusivas y efectivas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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