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La localidad de Gamarra, situada al sur del departamento del Cesar, Colombia, fue escenario de un lamentable episodio de violencia el pasado martes 26 de agosto. Durante la mañana, dos hombres identificados como Omar Alfonso Cárdenas Mayorca, de 34 años y vendedor de pescado, y Alirio Chávez, paletero de aproximadamente 50 años, fueron asesinados a plena luz del día en el barrio El Comercio. El ataque, perpetrado por sicarios motorizados que abrieron fuego repetidas veces antes de huir, dejó a ambas víctimas gravemente heridas. Aunque fueron trasladados a un centro asistencial, no sobrevivieron a las heridas.
Testigos presenciales relataron que el ataque ocurrió a las 10:03 a. m. en la intersección de la calle 6 con carrera 3. Posteriormente, en zonas rurales cercanas como Puerto Mosquito, se registró un enfrentamiento entre los agresores y efectivos de la Policía, lo que resultó en lesiones para uno de los implicados y el abandono de la motocicleta utilizada. Gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército, ambos sospechosos fueron capturados, según confirmó el alcalde Cristian Márquez. Este episodio evidencia la creciente inseguridad que afecta a la región, consecuencia de la presencia de grupos armados ilegales.
La génesis del conflicto armado en Cesar y, en particular, en Gamarra, está profundamente ligada al fenómeno de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), organizaciones que surgieron tras el Acuerdo de Paz de 2016 con combatientes que decidieron no abandonar las armas. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde ese entonces los homicidios asociados a estructuras armadas ilegales han presentado un preocupante aumento. Las actividades de control territorial, extorsión y narcotráfico por parte de las disidencias impactan directamente a las comunidades ribereñas, que padecen desplazamiento, amenazas y, en muchos casos, reclutamiento forzoso.
El Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos de la Universidad del Norte ha identificado que el Frente 37 de las disidencias de las Farc opera con especial incidencia en Gamarra, afectando tanto la economía local como la seguridad ciudadana. La vulnerabilidad económica, sustentada principalmente en actividades artesanales y el comercio, se agrava con los ciclos de violencia que generan desplazamientos y violaciones de derechos humanos en la región.
Ante la magnitud de los hechos, autoridades del Cesar, como el secretario de Gobierno Eduardo Esquivel, han reivindicado la necesidad de fortalecer la presencia institucional y optimizar las capacidades investigativas de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín). Sin embargo, la dispersión geográfica del conflicto dificulta la consolidación de una respuesta estatal efectiva, más aún en zonas rurales que carecen de infraestructura adecuada para el control territorial.
En paralelo, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones orientadas a desarticular estructuras criminales, poniendo el foco tanto en los autores materiales como en los cabecillas y sus vínculos con economías ilegales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha recomendado que las respuestas vayan más allá del componente policial: se requiere una estrategia multidimensional que incluya prevención social, fortalecimiento institucional y desarrollo territorial.
El impacto social de la violencia también ha quedado registrado en estudios recientes. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la reiteración de episodios violentos genera miedo, afecta la confianza ciudadana y limita la participación comunitaria, dificultando la reconstrucción social. Organizaciones locales subrayan que soluciones verdaderas pasan por robustecer tanto el componente de seguridad como las oportunidades sociales y económicas que permitan a la juventud alejarse de dinámicas criminales.
En conclusión, los homicidios de Gamarra constituyen un síntoma de una problemática estructural más amplia en el sur del Cesar. Para lograr avances sostenibles, es imprescindible una estrategia integral que permita erradicar las causas profundas de la violencia y restablecer tanto la seguridad como la confianza social en territorios históricamente afectados por el conflicto armado colombiano.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Por qué las disidencias de las Farc siguen siendo un problema en el Cesar?
El fenómeno de las disidencias de las Farc surge tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, cuando un grupo significativo de combatientes decidió no someterse a la dejación de armas. Estas estructuras mantienen actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión, compitiendo por el control territorial en regiones como el Cesar y dificultando la labor de las autoridades. Su permanencia obstaculiza la consolidación de la paz y genera efectos negativos sobre la seguridad y el desarrollo comunitario.
La persistencia de estos grupos está asociada, además, a limitaciones institucionales locales y a la falta de oportunidades económicas y sociales para la población. Así, la solución exige no solo acciones policiales y judiciales, sino también políticas integrales que aborden las causas estructurales de la violencia y fortalezcan el tejido social y productivo en estas zonas afectadas.
¿Qué es la Sijín y cuál es su papel en investigaciones como la de Gamarra?
La Seccional de Investigación Judicial y Criminal (Sijín) es una dependencia de la Policía Nacional de Colombia, encargada de la investigación de delitos y la recogida de pruebas para la judicialización de los responsables. En casos como el de Gamarra, la Sijín actúa en coordinación con otras fuerzas del Estado para identificar, capturar y judicializar a los perpetradores de crímenes violentos, aportando al esclarecimiento de los hechos.
El fortalecimiento de la Sijín resulta fundamental para combatir la impunidad y desarticular estructuras criminales en territorios con presencia de grupos armados ilegales. No obstante, enfrenta desafíos como la limitación de recursos y capacidades, especialmente en zonas rurales dispersas, lo que subraya la importancia de una mayor inversión y apoyo institucional.
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