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El año 2025 dejó a Colombia reflexionando sobre un ciclo aparentemente interminable de violencia, en un contexto nacional que evocó etapas críticas del pasado. Las recientes tomas de pueblos en el departamento del Cauca —episodios que rememoran los asedios perpetrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) durante el gobierno de Andrés Pastrana— pusieron en evidencia el resurgimiento de prácticas propias de los años más oscuros del conflicto armado. El país, de nuevo, tuvo que enfrentar más de 1.200 ataques catalogados como terroristas y al menos 559 secuestros, según cifras citadas por El Colombiano, estadísticas que diluyen las esperanzas de una superación definitiva de la violencia.
A lo largo del año, la violencia escaló no solo en su letalidad, sino en su resonancia simbólica. El atentado en Bogotá contra Miguel Uribe Turbay en junio marcó un punto de quiebre, mientras que, en paralelo, la expansión de los cultivos de coca resultó en la “descertificación” de Colombia en materia de lucha antidrogas por parte de Estados Unidos, hecho que según El Colombiano, no ocurría desde el gobierno de Ernesto Samper. Este escenario hizo que la promesa presidencial de convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida” se viera desbordada por la realidad de un país inmerso en una compleja crisis de seguridad.
La política de "Paz Total", pilar del gobierno del presidente Gustavo Petro desde su llegada en 2022, se planteó como una estrategia amplia de negociación y desmovilización que buscaba involucrar a todos los grupos armados ilegales activos. Sin embargo, para 2025 ni el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco”, están activos en las mesas de diálogo. La ausencia de avances concretos y el estancamiento tras el ataque del ELN en Arauca, dejando dos muertos y 25 heridos en septiembre de 2024, muestran el alcance limitado de la iniciativa oficial.
Mientras tanto, las denominadas disidencias de alias “Calarcá” se han consolidado como actores centrales en el proceso de paz, obteniendo incluso cese al fuego y suspensiones en los procesos de extradición y captura. No obstante, estos beneficios han derivado en denuncias de presuntos nexos y complicidades con sectores estatales, evidenciados por los “Archivos de Calarcá”, expediente en manos de la Fiscalía General que documenta posibles colaboraciones indebidas e irregularidades en el uso de recursos públicos.
El conflicto se agudizó con la persistencia de la instrumentalización de menores, destacando el bombardeo en Guaviare donde siete niños murieron, así como el uso de vehículos estatales para el traslado de menores reclutados, según la Defensoría del Pueblo. Aunque se reportó una disminución en este delito, de 409 casos en 2024 a 194 en 2025, la problemática sigue latente y atraviesa diferentes gobiernos. Las declaraciones del presidente Petro justificando ataques con víctimas menores se contradicen con su postura previa como senador.
Expertos como Andrés Cajiao, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señalaron a EL COLOMBIANO la incapacidad estatal para incidir efectivamente en los territorios y la fragilidad jurídica de las negociaciones en curso, lo que profundiza la sensación de falta de rumbo. La criminalidad, lejos de replegarse, se ha transformado: si bien disminuyeron hurtos y extorsiones, delitos como secuestro y asesinatos de líderes sociales se incrementaron; además, las masacres permanecieron constantes con 76 casos anuales.
En lo referente a la lucha antidrogas, evidencia del Ministerio de Defensa muestra que, aunque la erradicación de hoja de coca cayó de 9.402 a 7.495 hectáreas erradicadas entre 2024 y 2025, la incautación de cocaína aumentó a más de 920 mil kilogramos. No obstante, según Salomón Majbub de Indepaz, el volumen de incautaciones no refleja necesariamente un avance: puede indicar únicamente que la producción está en aumento, sirviendo de regulador de precios en vez de reducir el narcotráfico.
Frente a la presión internacional tras la descertificación estadounidense y la inercia de los indicadores más críticos de violencia, el gobierno ha debido recurrir a medidas impopulares, como la reactivación de las fumigaciones con glifosato utilizando drones. Así, el cierre de año no ha despejado el horizonte de Colombia: las contradicciones políticas, el recrudecimiento de delitos críticos y la falta de un avance palpable en la “Paz Total” dejan abierta una pregunta crucial sobre el tiempo y los recursos con que cuenta el gobierno para revertir la tendencia.
¿Por qué la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico tiene repercusiones internacionales? La descertificación implica que Estados Unidos considera que Colombia no cumple con sus compromisos en la reducción de cultivos ilícitos y crimen asociado. Este señalamiento afecta la reputación internacional del país y desencadena consecuencias como la restricción del acceso a créditos con bancos multilaterales —como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— y la disminución o pérdida de ayudas financieras. Además, puede derivar en sanciones comerciales y arancelarias que impactan directamente la economía nacional. Por eso, la presión para mostrar resultados efectivos en la lucha contra las drogas se intensifica tanto en el plano interno como en el de las relaciones exteriores, exigiendo respuestas contundentes y sostenidas al gobierno colombiano.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
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