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La situación de las lideresas sociales en el departamento de Antioquia atraviesa uno de sus momentos más críticos, según ha evidenciado la Corporación Colectiva Justicia Mujer. Juliet Gómez, su directora, advierte que la reacción frente al actual contexto de inseguridad ha sido el silenciamiento, la reducción de agendas políticas y el retiro del activismo por parte de muchas mujeres, quienes prefieren replegarse en el ámbito privado por temor a las consecuencias fatales que implica ejercer liderazgo social. Las amenazas, el control armado, los ataques digitales y la constante vigilancia configuran el día a día de estas mujeres, convirtiendo la defensa de los derechos humanos y comunitarios en una actividad de alto riesgo.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el incremento de las disputas entre actores armados ilegales en Antioquia ha desembocado en un entorno hostil que restringe la movilidad y facilita las retaliaciones sobre liderazgos femeninos. Las amenazas letales se suman a otros tipos de violencia: homicidios, feminicidios, intentos de asesinato, agresiones sexuales —en particular contra niñas y adolescentes—, así como violencias basadas en género en contextos comunitarios y políticos. El accionar de estos grupos armados y la persistencia de prácticas de vigilancia social intensifican la exposición de las lideresas, especialmente en regiones rurales.
La violencia simbólica y discursiva también recorre las ciudades, con énfasis en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Esta modalidad de agresión busca desacreditar y deslegitimar a las mujeres vinculadas a agendas feministas, a personas LGBTIQ+, y defensoras de derechos humanos o de la memoria histórica, agudizando la persecución en territorios donde se desarrollan procesos de búsqueda de desaparecidos y acompañamiento a víctimas.
Según cifras publicadas por el Instituto de Medicina Legal, en solo ocho meses de 2025 se reportaron 2.779 posibles homicidios en Antioquia, de los cuales 379 correspondieron a mujeres. De estos casos, en el 93,6% los agresores no han sido identificados, reflejando una impunidad persistente. La Fiscalía informó que, aunque en 2025 se abrieron 355 procesos por homicidios de mujeres, solo 19 han alcanzado sentencia condenatoria, mientras que en feminicidios únicamente 11 de 61 investigaciones han culminado con condenas.
A estas cifras alarmantes se suma la violencia institucional. Un estudio de la Corporación Colectiva Justicia Mujer reveló que el 44% de las lideresas encuestadas habían recibido amenazas por su labor, y apenas el 36% de las víctimas optó por denunciar, debido al temor a la revictimización y a la falta de confianza en la respuesta oficial. Las zonas de mayor impacto, como Urabá, Norte y Nordeste, están bajo el dominio de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Clan del Golfo, quienes supervisan y restringen la actividad de las lideresas. Juliet Gómez resalta que la violencia no se dirige solo contra las personas, sino contra lo que representan sus acciones colectivas y de memoria. Ante la insuficiencia de las medidas institucionales —incluido el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos impulsado por la Gobernación de Antioquia—, muchas optan por retirarse de los escenarios públicos, debilitando procesos sociales fundamentales para las comunidades.
¿Qué diferencia hay entre homicidio y feminicidio?
En el contexto de Antioquia, varios informes mencionan los conceptos de homicidio y feminicidio, cuyos significados resultan fundamentales para comprender la magnitud del fenómeno. El homicidio indica la muerte violenta de una persona a manos de otra, sin especificar motivaciones relacionadas con el género. El feminicidio, en cambio, se refiere al asesinato de una mujer por motivos de género, siendo este reconocimiento esencial para identificar tanto las causas estructurales como las formas específicas de violencia que enfrentan las mujeres en razón de su condición de género. La importancia de diferenciar ambos delitos radica en la respuesta y atención institucional, pues el feminicidio requiere medidas y rutas especializadas para su investigación y prevención.
Frente a este panorama, ¿qué estrategias concretas han resultado eficaces para disminuir los riesgos e incentivar la denuncia efectiva por parte de las lideresas en Antioquia?
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
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