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Nicolás Maduro, líder político venezolano y figura central en la coyuntura latinoamericana, enfrenta actualmente una de las situaciones judiciales más críticas de su trayectoria. Según la información recopilada por Noticias Caracol y la agencia AFP, Maduro fue capturado y extraditado a Nueva York en una operación organizada por el Gobierno de Donald Trump. Esta acción, ejecutada en varios puntos de Caracas y otras ciudades cercanas, dejó un saldo de al menos 40 fallecidos y 90 heridos. No obstante, el gobierno venezolano no ha proporcionado cifras oficiales sobre las víctimas del operativo, aumentando la controversia alrededor de los hechos.
El procedimiento legal tras la captura de Maduro ha avivado un extenso debate en el contexto norteamericano, especialmente respecto a la legitimidad de la incursión. En Estados Unidos, la competencia para declarar la guerra recae sobre el Congreso, lo que ha generado cuestionamientos sobre hasta qué punto las órdenes de Trump se ajustaron a la Constitución. Dentro de este entorno, el senador Marco Rubio defendió los poderes especiales invocados por el expresidente, mientras que el líder demócrata Chuck Schumer sostuvo que responder a acciones ilegales con nuevas ilegalidades no resulta justificable.
En paralelo, es importante señalar que Estados Unidos no reconocía a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Su permanencia en el poder desde 2013, y las polémicas reelecciones de 2018 y 2024, han sido calificadas de fraudulentas por la oposición. Rubio en declaraciones públicas insistió en que a Maduro “le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”, llamándolo una figura que nunca respetó los acuerdos establecidos.
Las acusaciones formales contra Nicolás Maduro y varios de sus allegados incluyen delitos graves como conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, uso y posesión de armas de guerra, y cooperación con organizaciones que Washington considera terroristas. Noticias Caracol indica que Cilia Flores, esposa de Maduro, también enfrenta cargos ligados al suministro logístico y financiero a estas estructuras criminales, mientras que miembros de su círculo cercano son señalados por su participación en operaciones vinculadas al Cártel de los Soles.
El expediente de acusación presentado por fiscales estadounidenses afirma que desde 1999 el régimen venezolano habría permitido la penetración del crimen organizado, especialmente facilitando el tráfico de estupefacientes y colaborando con grupos armados ilegales como las Farc y el Eln. Relatos sustentados en documentos judiciales citados por medios norteamericanos describen la utilización de colectivos armados y escoltas militares para proteger actividades ilícitas, así como el empleo de rutas aéreas bajo cobertura diplomática para facilitar el lavado de dinero procedente del narcotráfico.
A lo largo de los años, estas operaciones habrían involucrado diversos familiares y allegados de Maduro, entre ellos su esposa, hijo y sobrinos, quienes según la acusación habrían coordinado vuelos ilegales, recibido sobornos y aportado fondos ilícitos para campañas políticas. La inteligencia venezolana —cuya documentación fue divulgada en 2023 por Noticias Caracol— señaló la existencia de al menos 30 pistas clandestinas en estados fronterizos como Zulia y Amazonas, utilizadas por disidencias de las Farc y el Eln para el tráfico internacional de drogas.
Además, los informes admiten que miembros de alto perfil del chavismo habrían colaborado con estos grupos, permitiendo la habilitación de pistas clandestinas, incluso dentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Yapacana. Aunque la Fuerza Armada Bolivariana reportó la destrucción de algunas de estas pistas, se sospecha que dicha respuesta fue en gran medida simbólica, sin afectar realmente la operatividad de los enclaves criminales.
El contexto de las investigaciones y operaciones en contra del régimen venezolano expone las complejas redes de crimen transnacional asentadas en la frontera colombo-venezolana y el uso del aparato estatal para facilitar actividades ilícitas. Según los documentos conocidos, la complicidad institucional habría permitido un crecimiento sostenido de las rutas de tráfico y el afianzamiento de las alianzas con grupos armados.
¿Qué implica la acusación de narcoterrorismo que enfrenta Nicolás Maduro?
La acusación de narcoterrorismo formulada por Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su entorno tiene profundas repercusiones en el plano judicial y político. Este término se refiere a la vinculación de actividades de narcotráfico con el apoyo o financiamiento de organizaciones catalogadas como terroristas, en este caso las Farc y el Eln. La acusación va más allá de la mera implicación en el tráfico de estupefacientes: implica también la supuesta utilización de los beneficios del negocio ilícito para sostener y expandir redes criminales capaces de causar inestabilidad política y social en la región.
Esta situación ha generado tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, así como inquietud entre los países vecinos, ante las pruebas documentales sobre la existencia de corredores de narcotráfico y la colaboración de altos funcionarios en actividades que ponen en riesgo la seguridad hemisférica. Por ello, el desenlace del proceso legal contra Maduro es seguido con atención internacional: de avanzar las acusaciones, podría sentar un precedente inédito respecto al enjuiciamiento de jefes de Estado por crímenes considerados de alto impacto global.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
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