La primera etapa, con un valor de 10.000 millones de pesos, establecía la construcción de 51 casas en el municipio de San Luis (Tolima) para el 2014, cuando el oficial cumplía funciones de director del Fondo Rotatorio de la institución.

Una investigación de la Contraloría en 2018 encontró que dicha área de la Policía contrató ese proyecto de manera directa y sin hacer ningún tipo de licitación acordando tres pagos, uno de ellos por anticipado, indicó W Radio.

Según el ente de control, uno de los primeros problemas que encontró era que las casas, sobre el papel, debían construirse solo en algunos días porque el plazo de ejecución del contrato quedó para el 31 de diciembre de 2012, pese a que se suscribió el 27 de ese mismo mes, por lo que el contratista pidió 5 prórrogas en las que tampoco se terminó la obra.

Todo eso provocó que en agosto de 2018 el último plazo se cumpliera y el proyecto quedara abandonado, sin que después se hiciera nada para culminarlo para terminar en un estado deplorable, que evidenció un video de la emisora:

Los problemas para el general Atehortúa empiezan justamente porque en 2015 firmó un documento en el que recibía a satisfacción las viviendas fiscales sin que a la fecha se hayan terminado.

Cuando el oficial recibió el proyecto además pactó que se plantaran árboles, acabados, piscinas y planta eléctrica, entre otros, lo que evidentemente nunca se hizo.

W Radio reseñó otros inconvenientes como que “nunca se ejecutaron las pólizas de incumplimientos por parte del contratista” y tampoco se cumplió con la cantidad de casas pactadas y las especificaciones de las mismas no corresponderían a lo autorizado en la licencia de construcción y tampoco tenían licencia ambiental.

Pero además, sin que estuviera lista la primera etapa, se dio inicio a la segunda por un valor de 7.000 millones de pesos para construir 111 viviendas que tampoco están habitadas por estar en el mismo estado.

Es allí donde entran los cargos de la Procuraduría, porque el general habría incurrido en falsedad ideológica en documento público por haber firmado el documento en el que recibió las casas, supuestamente terminadas, pese a que la Dirección de Bienestar de la Policía, advirtió que las viviendas presentaban varias fallas como “vidrios rotos, sanitarios dañados, enchapes con fisuras, cables de energía y tomacorrientes sin funcionamiento”, añadió Blu Radio.

Además, el Ministerio Público señala que Atehortúa debió haber advertido dichas irregularidades en una contratación que se hizo ‘a dedo’ y que se justificó argumentando temas de seguridad para las familias de los comandos que habitarían esas casas.

Después, añade la emisora, se empezaron a buscar recursos en otras entidades para intentar arreglar las casas pero con dinero que no saliera del contrato original.

Los otros cargos intentan determinar si en todo ese caso Atehortúa incurrió en tráfico de influencias al acercarse al capitán José Fernando Llanos, investigador que estaba tras la pista de lo que pasó con ese contrato y a espaldas de la Inspección General de la Policía, para presionarlo para cerrar el proceso.

El oficial también fue imputado porque pese a que conocía estas irregularidades y libró de la responsabilidad al contratista —al que no le hizo seguimiento pese a estar obligado a hacerlo por los constantes incumplimientos— no se declaró impedido cuando pasó a ser Inspector de la Policía y el caso llegó a sus manos, con la directriz de agilizar la investigación.

Todo ello lo llevó también a haberse extralimitado en sus funciones cuando al llegar a la dirección de la Policía pidió información privilegiada del seguimiento a ese contrato, pues era una investigación reservada, y también se aprovechó de su cargo para buscar que el inspector de la institución, el general William Salamanca, no diera curso a una investigación disciplinaria por las irregularidades en la que saldría comprometido.