Lo harán los próximos 5 y 6 de septiembre durante las audiencias privadas que realiza en Bogotá la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informó este miércoles el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Según detalló el Cejil, los casos por los que será denunciada Colombia “documentan la existencia de un patrón de persecución y violencia estatal cuyo reconocimiento es fundamental para la verdad histórica del conflicto armado”.
Es por ello que las víctimas harán la denuncia ante el tribunal internacional, pues consideran que hay un incumplimiento de las medidas ordenadas por la CorteIDH, que buscan garantizar la no repetición, por “la falta de voluntad política y los episodios de negacionismo” del Estado colombiano.
La Cejil explicó que los casos que revisará la CorteIDH ocurrieron entre 1985 y 1988 y en ellos hay “96 víctimas directas de desaparición forzada, 77 de ejecuciones extrajudiciales, dos de atentados, una tortura y el universo de sus núcleos familiares que aún esperan verdad y justicia”.
“Entre los casos a examinarse se desarrollarán audiencias individuales para las masacres de Mapiripán (departamento del Meta en la que murieron al menos 50 personas), Las Palmeras, 19 comerciantes y Palacio de Justicia”, agregó la información.
De igual forma habrá una evaluación colectiva en dos audiencias, una de las cuales tratará sobre la supervisión del cumplimiento de una sentencia conjunta sobre tratamiento médico y sicológico ordenada en nueve casos, y la otra sobre la búsqueda, identificación y entrega de restos.
En las audiencias, que se realizan en la Universidad Externado de Colombia, participarán las víctimas y sus representantes, así como los delegados del Estado que tendrán que informar cuáles son los avances “en el cumplimiento de medidas como la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, desarrollos en materia de justicia en los casos de desaparición forzada, masacres y ejecuciones extrajudiciales”.
Los representantes estatales también deberán explicar lo hecho en asuntos como “atención en salud y acceso a la educación de los núcleos familiares, reconocimiento público y amplia difusión de los hechos y de las sentencias”.
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