En la presentación del balance anual del CICR que incluye los retos para 2019, el jefe de la delegación de ese organismo en Colombia, Christoph Harnisch, dijo en una rueda de prensa que en 2018 “todos los indicadores humanitarios” en Colombia registraron “una tendencia negativa”:
“No hubo esfuerzos suficientemente decididos para traer a todas estas zonas (de las que salieron las FARC) lo que se puede llamar ley y orden. No hubo suficientes esfuerzos para poner estas zonas en el mapa de las prioridades de la acción, no solamente del Estado, sino también de los actores locales”.
Entre esos índices, destacó que el número de casos de víctimas de minas antipersona y de artefactos explosivos se incrementaron casi en un 300 % al pasar de 57, en 2017, a 221, en 2018.
Del esos 221 casos, 128 eran civiles, de los que 26 eran menores de edad. En total, 31 personas fallecieron como consecuencia de las minas antipersonal y explosivos improvisados.
Harnisch explicó que sembrar minas “fue una táctica (usada) en el pasado”, que se pensaba entre 2016 y 2017 que iba a desaparecer al calor del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la ya desmovilizada guerrilla de las Farc.
Sin embargo, no solo se mantuvo sino que los efectos tienen actualmente unas fuertes “consecuencias para las comunidades porque no pueden moverse” de sus lugares de residencia ante el temor a pisar una mina, situación especialmente compleja en el departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, y en el Cauca (suroeste).
Es urgente que el Estado colombiano asegure una presencia estable en las regiones más apartadas de Colombia, que no debe limitarse solo al control territorial 👇🏼
— CICR Colombia (@CICR_co) March 28, 2019
Por otra parte, el informe recoge un incremento del 90 % en las cifras de desplazamiento, puesto que en 2017 hubo 14.594 casos y en 2018 fueron 27.780.
El jefe de la delegación del CICR subrayó que el aumento de los desplazamientos masivos muestra que hay “un ataque contra la población civil”.
Por si fuera poco, la desaparición forzosa también ha crecido y en 2018 se produjo una cada cuatro días.
Para él, no se debe hablar de posconflicto tras el desarme de las Farc puesto que perviven cinco conflictos armados.
Cuatro de ellos son los que sostiene el Estado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln); el Ejército Popular de Liberación (Epl), también conocidos como ‘Los Pelusos’ y considerados como una banda narcotraficante; las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), banda criminal heredera del paramilitarismo.
Además, existe un quinto conflicto que sostienen el Eln y el Epl en la selvática región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y que está fuertemente vinculado a la lucha por el control de las rutas del narcotráfico, según las autoridades.
En opinión de Harnisch, para entender la degradación de la situación es necesario “retomar el hilo en 2017, con la salida de las Farc” de las áreas que tradicionalmente dominaban y se fueron hacia las zonas en que se concentraron para dejar las armas y desmovilizarse.
Se generó entonces un “vacío de poder” que “no conocía un reemplazo a lo que se podía llamar una autoridad de hecho para que la población civil se vea protegida por reglas y por la ley”.
“En este entorno se crearon, en base de muchas economías ilegales, de muchos intereses ilegales, dinámicas conflictivas en las que la población civil se ven completamente desprotegida”, agregó.
En los meses posteriores a la salida de las Farc, se generó una esperanza en las comunidades más afectadas por el conflicto que disminuyó de manera progresiva.
En ese momento, considera que “no hubo suficientes debates de lo que se requiere para llevar ley y orden en estas zonas” e implementar el acuerdo de paz desde las regiones.
“No se ha visto en el terreno la llegada de servicios básicos. Siempre he dicho (…) lo único que se puede esperar cuando hay un cambio en la situación es que haya un servicio mínimo de salud”, apostilló Harnisch que subrayó que las comunidades “no son tontas” y esperan ver un cambio que no llega.
Sin embargo, dijo que eso “no quiere decir que no hubo esfuerzo para esta población civil” pero fueron “insuficientes”.
El delegado del CICR para Colombia explicó que “la ausencia del Estado no es algo nuevo” en el país, es “histórico”, pero concluyó que en este contexto debe replantearse la distribución de los recursos.
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