Lo que buscaban los senadores del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía, José Obdulio Gaviria Vélez y Fernando Nicolás Araujo Rumié era que, según Blu Radio, el juzgado de Bogotá les ordenara a las organizaciones que integran la minga indígena “emitir un pronunciamiento público con amplia difusión pidiendo disculpas a la colectividad por los desmanes e infracción de las medidas de bioseguridad”.

También pretendían los congresistas del uribismo, según la emisora, que se les ordenara evitar las reuniones de más de 50 personas en los sitios de protesta, así como “prohibir los actos violentos, vías de hecho o cualquier acto que afecte el patrimonio cultural”.

Pero el juzgado argumentó que esta petición de los congresistas no cuenta con un sustento probatorio sólido, y que, por el contrario, establece una “degradación” de los grupos indígenas, “que se ven atados a prejuicios sociales que solo ahondan su condición de vulnerabilidad, razón por la cual esta medida se negará”.

Una vez se conoció de este pronunciamiento, los senadores del Centro Democrático hicieron público un comunicado, en la página del partido de Gobierno, en el que anuncian que el juzgado admitió una acción popular en contra de la minga indígena y que, demás, “decreta medidas cautelares de oficio y conmina a la Alcaldía de Bogotá” para que tome acciones que garanticen que los manifestantes cumplan con las normas de bioseguridad.

“Pide a las organizaciones indígenas cumplir con todos los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional y las autoridades locales, consistentes en el uso de tapabocas, lavado de manos frecuente y distanciamiento social, con la finalidad de minimizar el riesgo de contagio de los integrantes de la minga y de los bogotanos”, se lee en la comunicación.

Otra exigencia que hace el juzgado es para que se organice una mesa de trabajo entre autoridades y se coordinen, desde allí, las medidas y estrategias a seguir para evitar una posible vulneración de los derechos colectivos.

Finalmente, los mismos senadores explicaron que la juez del caso vinculó en su decisión a los ministerios del Interior y de Salud “para que dentro de sus competencias “coadyuven” con la Alcaldía de Bogotá en la atención a los integrantes de la minga y la implementación de medidas de bioseguridad”.

Esto quiere decir que los dos ministerios deberán entregar tapabocas y gel antibacterial a los manifestantes indígenas, así como disponer de los lavamanos y demás elementos de bioseguridad, agrega la emisora.

Este fue el pronunciamiento del senador Araujo sobre la respuesta del juzgado.