Una vez ubicaron la silla en la tarima, desde la cual están dirigiendo la movilización indígena, uno de los líderes se dirige directamente la jefe de Estado:

“La minga del suroccidente colombiano y la minga nacional lo invita al debate, esperamos su presencia… por cuarta vez. Señor presidente, nuevamente lo llamamos al debate, tenga usted la dignidad de acompañar a este gran pueblo que sueña con un mejor país”.

Desde hace varios días, luego de la reunión que tuvo la delegación de altos funcionarios del Gobierno en Cali con la minga, los delegados indígenas han insistido en el diálogo político con Duque.

No obstante, el presidente, a través de sus consejeros y ministros se ha negado al encuentro justamente por ser político; además, ha advertido que la movilización podría estar infiltrada por grupos delincuenciales.

Minutos más tarde, los mingueros recordaron que sus autoridades ancestrales son “reconocidos constitucionalmente como jueces naturales de la República en sus territorios”, al igual que por el Convenio 169 de la OIT de la Ley 21 de 1991.

Esto lo hicieron para señalar que la minga presente en el centro de Bogotá, frente al Palacio presidencial de Colombia “faculta a los jueces de  los diferentes territorios presentes para que le hagan un juicio al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez“.

En medio de la aprobación de los indígenas que llegaron hasta la capital, luego de varios días recorriendo el país, comenzaron dicho procedimiento para pedirle a Duque que respete el Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 luego de los diálogos de La Habana.

Además, le reclamaron al presidente y a su partido de Gobierno que quiera derogar la JEP, pues el Centro Democrático ya presentó dicho proyecto en el Congreso.

Los indígenas no dejaron atrás la violencia y no solo hablaron de los homicidios en sus territorios, sino que reseñaron que “en solo dos años del Gobierno Duque han ocurrido 104 masacres y que hasta la “primera semana de octubre habían sido asesinados 234 líderes sociales desde la firma de los acuerdos”.

También recordaron que han cegado la vida de 234 excombatientes de las Farc que se habían comprometido con sus procesos de desmovilización y reintegración y denuncian aumentos preocupantes del desplazamiento forzado y las amenazas a los pueblos indígenas, que en 2020 ya asciende a 133.

Otros hechos que han mencionado son los asesinatos y secuestros de mujeres indígenas y de líderes campesinos. Por otro lado, reclamaron que hayan militarizado los territorios, pero que sean los mismos uniformados al servicio del Estado los que estén asesinando ciudadanos y que estén criminalizando su movimiento entre otras preocupantes cifras y hechos, que, explicaron, los motivaron a movilizarse hasta la Plaza de Bolívar.

Así se vive a esta hora lo que los líderes indígenas llamaron el juicio al jefe de Estado por una denuncia de “vulneración al derecho fundamental a la vida” justificada en todos estos hechos que reseñaron y porque “le apuestan a la paz y a la implementación integral del acuerdo”: