La información la dio a conocer el abogado de estas personas, Cristian Valencia, en la diligencia que se adelanta este lunes en el Ministerio Público.

Según le explicó al procurador delegado para la Fuerza Pública, Germán Rincón, que lidera el proceso, son tres los testigos los que consideran que están siendo expuestos y que su integridad o la de sus familias podría estar en riesgo, reseñó Semana:

“Quiero dejar por sentado la denuncia que acaban de hacer los testigos por parte de la defensa, donde no se les está brindando la seguridad pertinente y que por lo tanto no pueden declarar por el miedo que tienen a que se atente contra la vida de sus familias y de ellos mismos por parte de miembros de dicha comunidad”.

Según el jurista, a los testigos Jaime Alonso Zapata, Alejandro Palomeque García y José Esau Puertas se les están “vulnerando derechos fundamentales a la debida defensa por parte de agentes externos”.

El abogado Valencia dijo que estas personas tampoco asistirán a la Personería de Pueblo Rico (Risaralda), región donde ocurrieron los hechos el pasado 21 y 22 de junio porque se filtró la información que iban a declarar, añadió la revista.

Después de eso, fue cuando a sus celulares comenzaron a llegar mensajes intimidantes para que no rindieran ese mismo testimonio en el juicio disciplinario.

La denuncia ya fue remitida a la Fiscalía para que los investigadores determinen el origen de los mensajes intimidantes.

La semana pasada, unos soldados confesaron ante la Procuraduría que sus superiores les ordenaron mentir en hechos que rodearon la violación de la menor embera.

La Procuraduría adelanta este proceso por la violación de la menor indígena contra los soldados Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidía Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangaret Hernández.

Los siete militares hacían parte del Batallón de Artillerías 8 de la Octava Brigada del Ejército Nacional.