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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) señaló que ha mantenido un diálogo constructivo y fluido con el Gobierno nacional. “El presidente Gustavo Petro, en su intervención en el marco del XX Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, en noviembre del año pasado, afirmó que los contratos de concesión se respetarán.
Si bien, en lo que tiene que ver con los pagos de vigencias futuras, durante los años 2022 y 2023, estos fueron honrados por el Gobierno nacional, de otra parte, en lo atinente a los peajes aún queda un ajuste pendiente, que se debe dar a más tardar el 1° de julio de 2024. La CCI confía en que dicho compromiso se cumpla”
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La cámara señala que de los $502 billones aprobados en el Presupuesto General de la Nación, $16,7 billones corresponden al sector transporte. De esa partida, $13,6 billones fueron asignados a inversión en proyectos concesionados y de obra pública.
Sin embargo, la CCI ve con gran preocupación que, en el decreto de liquidación de presupuesto del año 2024, “el Gobierno nacional omite la desagregación de $12,5 billones de pesos (parte de los ya mencionados $13,6 billones) para asegurar los recursos de inversión de los proyectos a cargo del Invías y de la ANI, lo cual está paralizando el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras a su cargo. Lo anterior, resulta aún más preocupante, si se tiene en cuenta que de esta manera se violenta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto. Es la primera vez en la historia del país que tal situación se presenta”.
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Advierte la CCI que, de manera sorpresiva, recientes anuncios del señor ministro de Hacienda señalan que el pago de las vigencias futuras no se realizaría de acuerdo con los contratos suscritos, sino en función de decisiones discrecionales relacionadas con el avance de la ejecución física de los proyectos. Lo anterior, se vería reflejado en el hecho de que la financiación de iniciativas estratégicas para la competitividad y conectividad del país, como la Primera Línea del Metro de Bogotá, podría quedar en vilo.
“Hay que precisar, que las vigencias futuras cumplen un propósito de financiación para garantizar los recursos que suministra el capital privado, por lo que nada tiene que ver el pago de tales vigencias con el ritmo de ejecución de las obras. De existir atrasos en la ejecución de estas últimas, existen mecanismos contractuales y administrativos idóneos, regulados por la Ley, para sancionar dicho atraso”, puntualiza.
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“La no expedición del Decreto de liquidación ha llevado a que la parálisis ya se sienta en varios programas del Instituto Nacional de Vías como el mantenimiento rutinario de todas las vías nacionales no concesionadas, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios, cuyos contratos tuvieron que ser suspendidos desde el 31 de enero de este año, porque no es posible adicionar los contratos”, agrega.
También señala que fueron suspendidos los procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de 267 mil millones de pesos, porque no es posible la ratificación de las vigencias futuras ya aprobadas.
“El Invías no puede licitar el mantenimiento periódico de todas las carreteras nacionales no concesionadas, porque no cuenta con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), requisito indispensable para abrir las licitaciones. Esta situación podría llevar a suspender el tránsito por importantes corredores viales, como el cruce por el túnel de La Línea, cuyo contrato vence el próximo mes de marzo. En ese caso, el túnel tendría que cerrarse”, explica.
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En cuanto a los proyectos en ejecución de programas denominados ‘Legalidad y reactivación’, afirma que al no poder el Invías expedir los registros presupuestales del año 2024, por 2 billones de pesos, causaría la suspensión de todas las obras por la imposibilidad de su pago, como está ocurriendo con las actas de las intervenciones realizadas en enero de este año.
“Lo anterior, afecta 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vía Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la Transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos. Adicionalmente, la no expedición del Decreto de Liquidación también pone en jaque la marcha del programa del Gobierno nacional, denominado ‘Caminos Comunitarios para la Paz Total’, durante el 2024. Los empleos también están en riesgo ya: la no liquidación del presupuesto impide la contratación de cerca de 1000 contratistas de prestación de servicios en la ANI y el Invías, quienes no están vinculados desde el pasado mes de diciembre”, asevera.
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Preocupa a la CCI, finalmente, que los rigurosos procesos de interventoría de los proyectos se degraden o se desnaturalicen, mediante la utilización de herramientas, tales como sobrevuelos costosos e informales de los funcionarios, centrados en simples vistas o exámenes aéreos, que excluyen los procesos de cimentación de las obras.
“A la luz de todo lo anterior, queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad jurídica, se verían seriamente lesionadas. Esta circunstancia podría, no solo poner un freno de mano al propósito inaplazable de la reactivación económica, sino también a la continuidad y avance de un modelo -el de las APP- que, durante los últimos 30 años, ha permitido para bien, superar un rezago de 100 años en materia de infraestructura de transporte”, finaliza.
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