El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha puesto sobre la mesa la compleja situación relacionada con la suspensión de las órdenes de captura para los comandantes de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), involucrados en negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Entre los líderes señalados se encuentran Alexander Díaz Mendoza, conocido como Calarcá Córdoba, Javier Alfonso Velosa García, John Mechas, y Andrey Avendaño. La preocupación radica en el impacto visible sobre la población de regiones como Catatumbo, donde se observa un incumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de diálogo. Según declaraciones de Marín a Caracol Radio, la Defensoría del Pueblo ha solicitado específicamente revisión y levantamiento de tales suspensiones, sobre todo para los comandantes del Frente 33, que opera activamente en el norte de Santander.
Marín aclaró que, aunque respalda los procesos de conversación dirigidos a la pacificación, existe una distancia evidente entre lo que los actores armados prometen en las negociaciones y la realidad observada en los territorios afectados. Expresó que desde hace meses la Defensoría viene advirtiendo sobre esa brecha, una diferencia que se agudiza en zonas como Catatumbo, donde la suspensión de las órdenes de captura no ha impedido que continúen los hechos de violencia armada contra civiles.
La funcionaria fue enfática al afirmar que las acciones coordinadas y sostenidas de confrontación por parte de estos grupos armados, lejos de proteger a las comunidades, perpetúan un ambiente de inseguridad. “Lo que nosotros vemos es unas acciones coordinadas sostenidas de confrontación, que atacan directamente y no cuidan ni protegen a la población civil”, señaló Marín. Esto abre cuestionamientos acerca de la utilidad real de mantener suspendidas tales órdenes en un panorama donde la violencia sigue latente.
Además, la defensora relacionó esta realidad con los riesgos electorales en la región. La Defensoría expidió una alerta temprana electoral en octubre pasado, advirtiendo que más allá de la jornada de votaciones, el principal desafío radica en la libertad de las campañas: candidatos y candidatas requieren garantías plenas para desplazarse y expresar sus propuestas sin restricciones de los actores armados.
En este sentido, la situación crítica se ve reflejada en el informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que identificó en 2024 a Catatumbo como una de las zonas de mayor riesgo por potencial fraude electoral y violencia. Municipios como Hacarí y El Tarra persisten en niveles extremos de riesgo, lo que revela que la inseguridad estructural persiste más allá de las cifras electorales puntuales. El informe enfatiza que la intervención estatal debe ser inmediata y robusta para garantizar la participación democrática y evitar que una aparente estabilización en algunos indicadores enmascare problemas profundos de violencia y restricción de derechos.
Frente a este contexto, diversas voces llaman a la reflexión sobre la efectividad de las suspensiones de órdenes de captura y la urgencia de medidas específicas que salvaguarden la vida, la democracia y los derechos fundamentales en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado.
¿Por qué la suspensión de órdenes de captura a líderes disidentes genera preocupación en regiones como Catatumbo?
La suspensión de órdenes de captura a miembros de grupos armados suele emplearse como mecanismo de incentivo para entablar diálogos de paz y facilitar el acercamiento entre los actores en conflicto y el Estado. Sin embargo, en zonas fuertemente afectadas por la persistencia de la violencia, como Catatumbo, la efectividad de estas medidas es puesta en duda, ya que la población civil sigue enfrentando ataques, restricciones y amenazas por parte de los mismos líderes beneficiados por esas suspensiones.
Este tema es crucial porque demuestra que, aunque los procesos de diálogo buscan avanzar hacia la reconciliación, existen riesgos cuando no se cumplen de manera estricta los acuerdos asumidos. La brecha entre las promesas de cesar violencia y los hechos en el terreno evidencia retos profundos para el Estado, las instituciones de derechos humanos y las comunidades, que reclaman mayor protección y condiciones reales para ejercer sus derechos y participar en decisiones democráticas.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
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