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Escrito por:  Fredy Moreno
Editor jefe     Nov 27, 2024 - 10:38 am

Pese a que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha manifestado en diferentes escenarios que el Gobierno Nacional no reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio hasta cuando muestre las actas de las votaciones, el régimen ya le envió de todas maneras la invitación al presidente Gustavo Petro para que asista a la posesión de Maduro, el próximo 10 de enero en Caracas. En esa fecha (o antes, si el mandatario colombiano confirma su asistencia o la de una delegación suya) se conocerá definitivamente cuál es la postura de su Gobierno frente a Venezuela.

(Le interesa: ¿Aceptará? Maduro hizo invitación a Gustavo Petro para su posesión del 10 de enero)

Las declaraciones de Murillo, si bien por su calidad de canciller representan la voz oficial de Colombia, no determinan la conducta del presidente Petro, que hasta ahora no se ha manifestado sobre el tema tan claramente como su ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, hay miradas como la del expresidente Juan Manuel Santos que habla de “complicidad” por la actitud del mandatario frente a Maduro.

Y es que el jefe de Estado colombiano, cuando alude a Venezuela, envía oxígeno al régimen. En una de sus más recientes declaraciones al respecto, aseguró que las elecciones en el vecino país fueron un error por los bloqueos de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, no consideró que, cuando se dieron esos comicios, los bloqueos habían sido aliviados.

El presidente Petro ha demostrado ser un gobernante tozudo, que no oye sino su propia voz. Eso lo acaba de probar en el ámbito interno, con el nombramiento del polémico exembajador en Caracas y en la FAO Armando Benedetti como asesor del Gobierno, pese a las opiniones en contra originadas en su propio gabinete ministerial y en la coalición que lo llevó al poder, el Pacto Histórico. Una actitud semejante haría que el mundo lo viera dentro de poco más de un mes en Caracas en la posesión de Maduro, lo cual tendría como único factor positivo el hecho de que, por fin, habrá caído el velo que no dejaba ver claramente su postura frente al régimen.

Pero también quedará claro, y esto es quizá lo más importante, que su Gobierno convalida el régimen que encabeza Nicolás Maduro, del cual también hacen parte, controlando las demás ramas del poder público, su esposa, Cilia Flórez; Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Vladimir Padrino, ministro del Poder Popular para la Defensa; Delcy Rodríguez, ministra del Poder Popular de Petróleo, y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la oficialista Asamblea Nacional (parlamento), así como el fiscal chavista Tarek William Saab.

Nueva ley del régimen de Maduro contra la oposición

Con su eventual presencia en Caracas, el presidente Petro también convalidaría la asunción al poder del candidato que, según las actas difundidas por la oposición, perdió abrumadoramente las elecciones contra Edmundo Gonzáles Urrutia, y avalaría procedimientos antidemocráticos como la juramentación de Maduro sobre los conceptos del chavista Consejo Nacional Electoral (CNE) y el también oficialista Tribunal Supremo de Justicia, que se pronunciaron a favor de la cabeza del régimen sin mostrar nunca los resultados de los comicios, algo que ha reclamado el mundo y el Gobierno colombiano a través del canciller Murillo.

Además, el presidente Petro, con su figura presente, estaría justificando todas las formas con las que el régimen ha dado suficientes pruebas de haber transitado ya a dictadura: no hay respeto al Estado de derecho (están documentadas con suficiencia las frecuentes violaciones al debido proceso), no existe la separación de poderes públicos que caracteriza a las democracias liberales y tampoco se respetan los derechos políticos (hay presos políticos, la líder opositora María Corina Machado fue inhabilitada, se entorpeció la inscripción de su sucesora y al candidato ganador se le obligó a salir del país) ni los derechos humanos (hay desaparecidos).

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Como si todo esto fuera poco, el régimen está sacando adelante una ley con destinatario específico: la oposición. Se trata de la denominada ‘Ley Orgánica el Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y para la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela’, en respuesta a la Ley Bolívar (Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela), presentada en Estados Unidos por el republicano Mike Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, y que prohíbe al gobierno de ese país contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro, así como con cualquier gobierno sucesor de Venezuela que no sea reconocido legítimo por Estados Unidos.

La ley del régimen de Maduro, sin embargo, impactará directamente a la oposición, pues plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones contra Venezuela, la extinción de dominio para esas mismas personas, y, lo más grave, bajo el tipo penal de ‘traición a la patria’, juzgar en ausencia a quienes el régimen acuse de cometer delitos de dolo y lesa humanidad. O neofascismo y odio, como califica ahora la camarilla toda conducta que se le oponga o la incomode.

El juicio en ausencia está prohibido por la Constitución venezolana (aunque la Carta Política es lo de menos para los regímenes totalitarios), así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en el literal D, del numeral 3 de su Artículo 14, que una garantía mínima de un procesado por un delito es el “hallarse presente en el proceso”; y la Convención Americana de Derechos Humanos, que estipula en el Artículo 8 que toda persona tendrá derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente.

A todo esto le estaría dando validez el presidente Petro si decide, como se teme, acompañar a Maduro a comienzos del año entrante en la posesión para un segundo mandato, espurio a juzgar por las actas de votación, que lo mantendría en el poder hasta 2031. Una jugada atrevida del jefe de Estado colombiano si se considera que el 2025 es entendido como un año electoral en Colombia, con miras a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Los votantes tomarán atenta nota de la fotografía de Petro estrechándole la mano al ‘reelecto presidente’ de Venezuela.

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