En el texto, que consta de tres interrogantes —que se hace a sí mismo— y una conclusión, Sergio Fajardo fue insistente en que gran parte de la responsabilidad recae sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM), que gerencia el proyecto.

En la introducción del comunicado, el exgobernador de Antioquia recuerda que ya entregó una versión libre sobre las decisiones que tomó en su administración (2012-2015) en relación con Hidroituango, pero que ahora ofrecía esta explicación.

Fajardo afirma que está vinculado al caso porque la Contraloría está investigando cuál fue el seguimiento que le hizo a las personas que delegó para estar a cargo de la megaobra.

Sin embargo, el ente de control lo imputará por las acciones y omisiones como miembro de la Junta Directiva de Hidroituango y su omisión al deber de tutela.

El segundo interrogante que busca contestar el exmandatario es cómo participó en el proyecto y allí asegura que, en primer lugar, su equipo adelantó reuniones solo para “discutir y analizar el cronograma de trabajo y los costos financieros” y no revisó “decisión técnicas de construcción
porque correspondían exclusivamente a EPM”.

Y en la tercera pregunta sobre la labor que él propiamente hizo como parte de a junta de Hidroituango y enfatizó, nuevamente, en la responsabilidad de EPM:

“La junta no tomaba decisiones técnicas de construcción ya que eso correspondía a EPM, quien ha estado a cargo de las decisiones técnicas y su implementación”.

Por último, en su conclusión destacó que “este es el inicio de una investigación formal de índole administrativa y no una condena”, pero aún así algunos analistas consideran que este proceso podría afectar seriamente su aspiración presidencial para el 2022, que ya ha dejado ver.

Mientras Fajardo contestaba, la Contraloría General dijo que espera culminar esta investigación en menos de año y medio; es decir, justo cuando Fajardo estaría activamente haciendo campaña por su candidatura.

Lee También

¿Cuál es el lío de Sergio Fajardo con Hidroituango?

Desde noviembre de 2019 la Contraloría comenzó un proceso de responsabilidad fiscal contra 34 personas, entre naturales y jurídicas, por la crisis que sufrió Hidroituango, luego de tener problemas de construcción que han retrasado su entrada en operación.

Luego de un año de investigación la entidad exoneró a 6 porque no encontró delitos para procesarlos y avanzó el proceso contra 28.

Entre los que continúan vinculados al caso hay 2 exalcaldes de Medellín (Aníbal Gaviria Correa y Fabio Alonso Salazar), 2 exgobernadores (Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo), 2 gerentes de EPM (Federico Restrepo y Juan Esteban Calle) y 2 gerentes de Hidroituango (Luis Guillermo Gómez y Jhon Alberto Maya); además de otros funcionarios que pertenecían a las juntas directivas de EPM y otras entidad vinculadas a la construcción del proyecto.

La Contraloría determinó que el daño fiscal por el retraso de la represa se estima en 4.1 billones de pesos. 2,9 de estos son por la inversión en valores injustificados y el 1,1 restante por el lucro cesante, que es la demora para que la hidroeléctrica entre en operación y beneficie al país.

Entre tanto, entre los funcionarios que exoneraron está Jorge Alberto Londoño de la Cuesta, hoy embajador de Colombia ante Canadá y entonces gerente de EPM, sobre quien la Contraloría dijo que no obró con culpa grave.

Repuesta completa de Sergio Fajardo sobre Hidroituango:

LO ÚLTIMO