Por su parte, la entidad Distrital amplió una denuncia —que radicó en marzo del 2018 contra las plataformas Uber y Cabify— para incluir a Picap Inc. por prestar el servicio ilegal de transporte público en motocicletas y fijar tarifas a pasajeros a través de aplicaciones tecnológicas, señala un comunicado.
La acción penal se basa en el delito de “usurpación y abuso de funciones públicas”, según explicó el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo:
“Tal como lo expresamos en la denuncia presentada en principio, la facultad de fijar tarifas para el servicio público está en cabeza de los alcaldes. Y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, no ha delegado en ningún particular esta función”.
La ampliación de esa acción legal fue radicada ante el fiscal 216 de delitos contra la administración pública, en la capital.
Mientras tanto, la demanda que instauró recientemente del Ministerio señala a Picap por prestación ilegal de servicio público en vehículos de dos ruedas que representa un “inminente riesgo y compromete la vida de los usuarios”.
En eso coincide la Secretaría, que además advirtió a los socios conductores de estas aplicaciones sobre los continuos controles por parte de las autoridades para evitar que se ponga en peligro la vida de los actores viales.
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