El sacerdote Julio César Quintero, perteneciente a la Arquidiócesis de Manizales, denunció en Voz de Fondo pódcast al obispo de Cúcuta, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, y a su hermano Mario Garcés, por una supuesta deuda que superaría los 1.000 millones de pesos. Según su relato, la suma corresponde a 153 préstamos efectuados entre 2018 y 2021, respaldados con letras de cambio y consignaciones bancarias.
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En diálogo con el pódcast, Quintero explicó que los desembolsos empezaron cuando el obispo ejercía en Santander. Parte del dinero habría sido solicitado por el propio prelado y otra por su hermano. El sacerdote aseguró que los vínculos de confianza nacieron en el seminario, donde entablaron una amistad que, durante años, lo llevó a confiar en su palabra y sus promesas de apoyo pastoral.
De acuerdo con su versión, el primer préstamo ascendió a 20 millones de pesos y fue destinado a la compra de una vivienda. Más adelante, con el aval del obispo, se otorgaron sumas adicionales a Mario Garcés. La cifra total alcanzó los 1.017 millones de pesos con intereses, sin que el sacerdote recibiera los encargos eclesiásticos que le habían ofrecido.
El religioso señaló que los recursos entregados no provenían de feligreses ni de la parroquia, sino de ahorros propios, cesantías como docente oficial y una herencia familiar. “Fueron ahorros de toda mi vida y recursos de mi familia, no de la parroquia”, enfatizó. El caso ya se encuentra en el Juzgado Quinto Civil de Manizales, donde existe un mandamiento de pago a su favor contra Mario Garcés, aunque el cumplimiento no ha sido posible por supuesta insolvencia.
En la entrevista con Voz de Fondo pódcast, Quintero describió el impacto personal de este proceso. Actualmente, enfrenta deudas con bancos y cooperativas por más de 250 millones de pesos, además de vivir con un ingreso reducido. A esto se suma una crisis de salud mental que lo llevó a internarse en una clínica psiquiátrica. “No tanto por la plata, sino por el engaño de alguien a quien consideré mi mejor amigo”, aseguró.
Hasta ahora, ni el obispo de Cúcuta ni su hermano han dado declaraciones públicas sobre las denuncias. El caso también fue presentado ante el tribunal eclesiástico regional de Manizales, pero no se conocen decisiones disciplinarias. La Conferencia Episcopal de Colombia tampoco ha emitido comunicados oficiales.
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El sacerdote insistió en que su intención es recuperar parte de los recursos prestados. “No pido todo de regreso, pero al menos que se me reconozca parte de lo que presté para cubrir mis deudas y devolver a mi familia lo que me ayudó”, concluyó.
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