Este viernes la Fiscalía decidió que no suspenderá las órdenes de captura contra algunos integrantes del Clan del Golfo, llamado también Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a pesar de que el Estado decretara un cese al fuego bilateral con ese grupo armado. Ante esto, el presidente del Congreso y una de las principales fichas de Gustavo Petro, Roy Barreras, respaldó la decisión del ente investigador.
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Según Roy Barreras, el documento de la Fiscalía lo que hace es aclarar que “se mantiene la voluntad de apoyo a la paz total pero se hacen unas precisiones legales INDISPENSABLES para el tratamiento de insurgencias y de narcos que son las mismas que la Presidencia de Senado ha sugerido”.
Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento juridico en JUSTICIA TRANSICIONAL.Los narcos y sus organizaciones deben ir a la Justicia Ordinaria.El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios pero eso exige una Ley que debe presentarse en extras.
— Roy Barreras (@RoyBarreras) January 13, 2023
Para el presidente del Congreso, hay que ser claros con el tratamiento jurídico que se le dará a cada actor armado que aspire lograr la paz. El senador reiteró que “las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en justicia Transicional”, pero que “los narcos y sus organizaciones deben ir a la Justicia Ordinaria”.
Además de esto, el congresista manifestó que “el Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios pero eso exige una Ley que debe presentarse en extras”. A esto, Barreras añadió que, en resumen, las “insurgencias con origen político (todas ellas en mi opinión) pueden ir a Justicia Transicional”, pero se necesita, según él, una “ley que amplíe el sistema”.
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Por otra parte, su resumen señala que, a su parecer, los “narcos deben ir a Justicia Ordinaria y pueden recibir beneficios que faciliten su sometimiento colectivo”, lo cual requeriría, según dijo, otra ley. La postura del legislador llega en respuesta al documento de siete páginas con el que la Fiscalía le dijo “no” al Gobierno de Gustavo Petro respecto de levantar las órdenes de captura en contra de miembros del Clan del Golfo.
La solicitud la hizo la administración actual en el marco del sometimiento a la justicia que está negociando con el grupo criminal. En la misiva firmada por la vicefiscal Martha Marcera se lee que el grupo que lideraba Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, no tiene un estatus político para conceder inmunidad en esa materia.
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