Un grupo de personas sin identificar ingresó en la vivienda del investigador de la Comisión de la Verdad Eduardo Andrés Celis Rodríguez, que acompañó al comisionado Alejandro Valencia Villa en la entrevista a ‘Otoniel’ celebrada el miércoles.

De la vivienda se llevaron las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista, así como un computador con archivos importantes sobre el jefe de la banda criminal ‘Clan del Golfo’, Dairo Úsuga David, alias ‘Otoniel’.

La Comisión de la Verdad rechazó y denunció este hecho que “atenta contra uno de sus funcionarios y contra el trabajo de esclarecimiento del conflicto armado en el país”, mientras que pidió a las autoridades que “investiguen de manera diligente y eficaz los hechos.

Además, exigió “garantías para poder seguir con la entrevista al líder del ‘Clan del Golfo’, así como la seguridad de quienes participan en el proceso, la privacidad de las sesiones y el apoyo logístico por parte de quienes tienen la custodia del entrevistado.

“La Comisión necesita escuchar la verdad del señor Úsuga sobre hechos cruciales para entender la dinámica del conflicto armado y su persistencia. Queremos hacerlo sin intimidaciones, pidió a través de un comunicado emitido este sábado.

El organismo comenzó en noviembre de 2018 la tarea de elaborar un informe que ayude a esclarecer lo ocurrido en el conflicto armado del país, que dejó más de ocho millones de víctimas, entre muertos, heridos, secuestrados y desplazados, entre otras formas de violencia.

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El máximo jefe del ‘Clan del Golfo’ fue capturado el pasado 23 de octubre en una zona de Urabá, en el noroeste del país, y luego trasladado a Bogotá en donde ha rendido su versión sobre el conflicto armado interno ante la Comisión y también ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estados Unidos pide la extradición del jefe criminal para que responda ante cortes de Nueva York y Florida por cargos relacionados con el narcotráfico.

Contra Úsuga hay en Colombia 122 órdenes de captura y seis sentencias condenatorias, entre ellas dos de 40 y 50 años de prisión, por homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito de menores.