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El 22 de abril de 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmó el Otrosí No. 2 del contrato de concesión para el ambicioso Proyecto de Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique, consolidando así un nuevo capítulo en la gestión ambiental y el desarrollo regional de la cuenca baja del río Magdalena. Esta adición contractual, que extiende la fase de preconstrucción y detalla los procedimientos asociados a la aprobación de fondeos vinculados al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), marca un avance crucial hacia la recuperación de un ecosistema que durante décadas ha sufrido altos niveles de degradación ecológica y social (fuente: ANI, información oficial).
El Canal del Dique, cuya área de influencia abarca aproximadamente 435.000 hectáreas entre ambientes marinos y continentales y que se extiende a lo largo de 115 kilómetros desde Calamar hasta la Bahía de Cartagena en Bolívar, constituye una infraestructura hidráulica histórica que ha transformado la región. Sin embargo, su presencia también ha dado lugar a serios retos ambientales, como la intrusión salina, la erosión de las orillas y la sedimentación acumulada en las bahías de Cartagena y Barbacoas, comprometiendo tanto la biodiversidad como la calidad del agua e incrementando la vulnerabilidad de las poblaciones ribereñas. Ante este panorama, el proyecto de restauración contempla la construcción de dos complejos de esclusas y compuertas en Calamar y Puerto Badel. Estas nuevas infraestructuras buscarán regular el caudal del agua, controlar los riesgos de degradación y proporcionar un control hidroambiental más eficiente para proteger tanto los ecosistemas naturales como la vida de los habitantes en la zona (fuente: ANI).
En términos sociales y ambientales, la trascendencia del proyecto se evidencia en su alcance: la iniciativa beneficiará a aproximadamente 1,5 millones de habitantes repartidos en 19 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre, regiones que históricamente han enfrentado problemas como la pobreza hídrica, la degradación ambiental y la exposición a eventos climáticos extremos. La intervención se integra, además, a una política pública más amplia diseñada por el Ministerio de Transporte y que incluye actividades de dragado de mantenimiento, monitoreo regular de diques y la aplicación de protocolos de gestión de riesgo, estableciendo una ruta clara hacia la protección y conservación de la hidrovía (fuente: ANI).
A nivel técnico-administrativo, la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) recae en la concesión Ecosistemas del Dique, bajo la supervisión de la ANI y de la empresa interventora, con un presupuesto asignado de aproximadamente $63.767 millones más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El EIA será presentado ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la primera mitad de 2026. De acuerdo con Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, la meta institucional es obtener la licencia ambiental y arrancar la fase constructiva dentro del actual periodo presidencial, evidenciando así la urgencia y el compromiso político alrededor del proyecto.
La relevancia y complejidad de la intervención requieren analizar antecedentes y experiencias similares en América Latina. Estudios de la Universidad Nacional de Colombia (Segura et al., 2023) alertan que proyectos hidráulicos de envergadura pueden traer tanto impactos negativos como positivos, subrayando la necesidad de adoptar enfoques integrales que consideren la infraestructura física junto con factores sociales, culturales y ecológicos. El caso del Canal del Dique, por su escala e impacto acumulado, demanda estrategias de restauración que conjuguen el conocimiento local, la gobernanza participativa y la vigilancia continua.
Desde la perspectiva regulatoria, la ANLA exige que las evaluaciones ambientales de este calibre sean detalladas y rigurosas, considerando efectos directos e indirectos y garantizando medidas de mitigación eficaces y la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones (fuente: ANLA, 2024). La extensión de la fase de preconstrucción y el énfasis puesto en la preparación del EIA demuestran una estructura de gobernanza ambiental fortalecida que aspira no solo a reparar el daño existente, sino además a prevenir nuevos impactos y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.
En el plano económico y local, el megaproyecto tiene la capacidad de dinamizar la economía regional, impulsando la generación de empleo y el fortalecimiento de sectores esenciales como la pesca y el turismo sostenible, vitales para la región Caribe (fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024). Sin embargo, expertos como Gómez y Ramírez (Estudios Ambientales Colombianos, 2025) subrayan que, para que los efectos positivos perduren, será indispensable implementar esquemas de monitoreo y gestión adaptativa con la participación activa de las comunidades locales, garantizando así la transparencia y ampliando la corresponsabilidad social en la protección del recurso hídrico.
Finalmente, este esfuerzo de restauración se inserta en una tendencia latinoamericana por recuperar ecosistemas degradados mediante estrategias integrales de intervención técnica, política y comunitaria, en respuesta a retos como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (Pérez, CEPAL 2024). El caso del Canal del Dique podría convertirse en un referente regional, evidenciando la posibilidad de conjugar infraestructura, conservación y desarrollo sostenible bajo principios de resiliencia y cooperación multisectorial.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cómo será monitoreado y evaluado el impacto ambiental una vez se complete la restauración del Canal del Dique?
El interés en este interrogante surge de la necesidad de asegurar que las medidas adoptadas en el proyecto tengan resultados sostenibles a largo plazo. El monitoreo y la evaluación ambiental post-restauración no solo permiten verificar el éxito de la intervención, sino que además posibilitan identificar y corregir eventuales desbalances ecológicos o sociales. En contextos similares, la gestión adaptativa y la integración de sistemas comunitarios de vigilancia han sido reconocidas por los expertos como estrategias eficaces para fortalecer la resiliencia y la gobernanza hídrica local.
Asimismo, dado que la región Caribe enfrenta vulnerabilidades particulares asociadas al cambio climático y la variabilidad hidrológica, la continuidad de un seguimiento riguroso resulta crucial para anticipar riesgos, ajustar protocolos y asegurar la participación informada de todos los actores involucrados. Esta pregunta invita a indagar sobre los mecanismos institucionales y comunitarios que se implementarán para garantizar la transparencia y la eficacia de la gestión ambiental después de concluido el proyecto.
¿Qué mecanismos existen para la participación efectiva de las comunidades locales en la toma de decisiones sobre el proyecto?
La capacidad de las comunidades locales para incidir en proyectos ambientales de alto impacto es un tema central en el debate sobre desarrollo sostenible y equidad territorial. Si bien la normatividad colombiana reconocida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales exige la participación comunitaria durante las fases de consulta y socialización, la efectividad de estos mecanismos varía notablemente dependiendo del contexto y la voluntad política de los actores responsables.
Explorar esta pregunta es relevante, ya que involucra el diseño y la operatividad de espacios de diálogo, mecanismos de consulta previa y procesos de corresponsabilidad social. La incorporación de los saberes tradicionales, la equidad en la distribución de beneficios y el fortalecimiento de la organización comunitaria son claves para conseguir una restauración ambiental que perdure y represente los intereses de quienes habitan y dependen del ecosistema intervenido.
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