La reforma política llegará a la Cámara en los próximos días. Allí deberá surtir sus debates en Comisión Primera y Plenaria para poder dar su segunda vuelta por el Congreso en el primer semestre de 2023, puesto que es una reforma a la Constitución. Aunque el proyecto prometía ir en sintonía con la promesa de cambio del nuevo gobierno, y de su enfoque anticorrupción, este se ha venido transformando y se ha puesto en duda su alcance y hasta el efecto que tendrá. Para muchos, en vez de hacer una política más limpia, estaría siendo a la medida de los actuales políticos y podría ir incluso en contravía de la transparencia que se les debería exigir.

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Son varios los puntos en su conjunto que, según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), son preocupantes. Entre ellos, y uno en el que hacen más énfasis, es la eliminación del conflicto de intereses. Este punto fue metido por el Centro Democrático en el articulado votado desde primer debate basándose en que se elimina la financiación directa a las campañas.

El proyecto de reforma política propone que la financiación de campañas será predominantemente estatal y que se habilite las donaciones por privados. Un sistema mixto muy similar al actual. Sin embargo, la diferencia radica en que los recursos no irían directamente a los candidatos, sino que llegarían a un fondo común en los partidos y estos serían los encargados de repartir los recursos. Para los del partido opositor, sin recepción de dineros directa, se acaba el conflicto de intereses, por lo que no deberían ser declarados por motivos de financiación.

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Los argumentos de Paloma Valencia, una de las proponentes del cuestionado artículo, radican en que se estaría dando un paso de mayor transparencia, puesto que los congresistas podrían dar cuenta de los posibles intereses que están representando. Para soportar su tesis usa como argumento el sistema estadounidense en el que los congresistas reciben donaciones de distintos sectores económicos y esto hace que sean identificados como representación del gremio que los financia. No obstante, desde la bancada de gobierno hay otras voces que se oponen a dicho punto, como el senador Wilson Arias, que consideran que se está habilitando sin ningún reparo la compra de congresistas por parte de los gremios, por lo que dejaría de representar los intereses de la ciudadanía y pasaría a ser la voz de los gremios que tengan suficiente dinero para aportar a sus campañas.

Eliminar el conflicto de interés podría tener repercusiones en la democracia

Frente a este debate, distintos sectores conocedores de la materia advierten de los posibles problemas que implica eliminar el conflicto de intereses por financiación.

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“La peor decisión de todas es quitar el conflicto de intereses. Se retrocede en términos de transparencia kilómetros. Se permite la financiación privada y genera una distorsión en el objetivo de la lista cerrada”, expresó Alejandra Barrios, que agregó que este punto termina “habilitando la compra de poder”. Incluso señaló que dicha propuesta puede llegar a ser más grave si se tiene en cuenta que el acto legislativo también quita las restricciones para que los congresistas puedan saltar de inmediato al poder Ejecutivo con apenas renunciar a su curul. “Cuando se reúnen todos estos puntos, la reforma está quedando peor a lo que tenemos”, concluyó la principal voz en la MOE.

Desde Transparencia por Colombia también han prendido las alarmas frente a este punto. “En el estado actual, eliminar al conflicto de interés es desfavorable para la democracia”, expresó Andrés Hernández, director de la filial colombiana de Transparencia Internacional. Para este, ya la Corte Constitucional ha dicho que se debe defender es el interés común, no el interés de unos pocos. “Eliminar el conflicto no permite saber cuál es la relación entre el dinero que llega a las campañas, y la razón de las leyes. Se está validando comprar candidatos, es nocivo para la democracia”, dijo Hernández, que advirtió que se está regresando sobre un tema sobre el que ya se declaró inconstitucional eliminar el conflicto de intereses.

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A consideración del profesor Juan Carlos Rodríguez, hay lógica en quitar el conflicto de intereses por financiación cuando hay listas cerradas, puesto que “al menos en principio no tendrían campañas propias y, por lo tanto, no recibirían financiación de manera individual”. No obstante, Rodríguez señaló que el mensaje que se está enviando con el texto es de un talante “permisivo y genera suspicacias”. Luego complementó dicho planteamiento diciendo que “en un entorno en que existe la percepción de que los congresistas representan, de manera, soterrada, intereses particulares, el mensaje de ese texto es equivocado en un proyecto que busca hacer la política más transparente”:

Un posible paño de agua tibia

Por el momento, parece que es un hecho que se eliminará el conflicto de intereses de los congresistas en cuanto a la financiación. El cuestionado artículo ha pasado sin modificaciones por dos debates en Senado y el camino podría ser muy similar en Cámara. Faltaría ver qué pasa en la segunda vuelta. Sin embargo, ante la posible eliminación de este importante elemento para la transparencia, se deben buscar otras herramientas legales para garantizar el ejercicio legislativo. Por eso, cobra más relevancia el proyecto de ley que busca reglamentar el cabildeo tanto en el Congreso como ante otras instituciones.

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“Cómo reducimos inhabilidades por financiación debemos obligar que los que hagan lobby hagan pública su financiación. Es un mecanismo de transparencia ante la reducción de inhabilidades”, comentó a este diario el senador Ariel Ávila, ponente en primer debate del proyecto en cuestión. Además de expresar que su proyecto es necesario de llegar a pasar este punto de la reforma política, Ávila advirtió que solo se puede mantener la eliminación del conflicto de intereses si llega a sobrevivir la lista cerrada en los próximos seis debates: “si se caen las listas cerradas, la reducción de inhabilidades es un gran riesgo”.

Por otro lado, entró a explicar el proyecto del que dio una ponencia positiva. Según Ávila, la propuesta que llevan es un acumulado de un proyecto que ha presentado el senador Alfredo Deluque durante varias legislaturas y uno de los Verdes, liderados por Angélica Lozano. A profundidad, reseñó que la iniciativa trata de imitar elementos de los sistemas nórdico y estadounidense para regular el cabildeo. Este explicó que el proyecto busca que la Defensoría del Pueblo entre a regular el tema del lobby y que se registren los que hacen lobby y las actividades de cabildeo que realicen.

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“Cada persona que haga lobby debe registrarse. Ese registro es público e incumplir con ellos acarrean sanciones. Permite ver quién está ocultando la labor de Cabildeo. Se pone por encima quién hace cabildeo y para qué”, expresó Ávila.

Frente a este enfoque del proyecto y la inminencia de la eliminación del conflicto de intereses por financiación, Alejandra Barrios señaló que “Toca hacer muy estricta la regla del Lobby, imponer la obligación de informar a quiénes financiaron y quiénes los financian para hacer el lobby. Toca transparentar la agenda, así no les guste”. Andrés Hernández fue un poco más allá señalando que así pase o no el punto de eliminar el conflicto de intereses por financiación, debe impulsarse sí o sí el proyecto de regular el cabildeo. “La ley de Cabildeo es necesaria sin importar el escenario. El conflicto no es solo a la financiación y el cabildeo y lo que permite es abrir el abanico con respecto a los múltiples contactos e interacciones que tienen los Congresistas”, expresó Hernández.

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Ambos expertos reconocen que se han tenido muchos intentos por establecer esta reglamentación y nunca se ha podido. “En Colombia hay muchos intentos de regular al Cabildeo y no se ha logrado”, comentó Hernández. A esto, Barrios complementó, “No veo muchas esperanzas, pero lo que demuestran los antecedentes es que es muy difícil que se apruebe. Involucra transparentar relaciones que hoy no tienen obligación de serlo”. Y es que a decir verdad, son más de 10 proyectos que han intentado reglamentar el cabildeo y no lo han logrado. Desde 2001, con Germán Vargas Lleras, hubo intentos de ponerle reglas a esta tarea y no se ha podido. Distintos sectores han tenido la intención, pero el resultado ha sido el mismo.

Esta es la razón por la que muchos consideran que el proyecto impulsado por Ávila no tendrá éxito, entre ellos está el exsenador Rodrigo Lara, que en 2018 presentó una iniciativa cuya intención era reglamentar el lobby. “Eso no va a pasar nada. No tienen ningún futuro mientras exista la pérdida de investidura. Es muy difícil regular el lobby si existe la pérdida de investidura. Cualquier gestión de defender intereses privados puede ser entendido como conflicto de intereses”, expresó el excongresista. Esa visión negativa también la tiene Barrios, que asegura que “si ya están quitando el conflicto de interés, no creemos que se logre aprobar la ley de Cabildeo. No veo muchas esperanzas y no podemos depender de un proyecto que no existe”. A la visión negativa, se adiciona el llamado de alerta hecho por Ávila, que considera que el proyecto se hundirá si no se entra a debatir en la Comisión Primera en máximo dos semanas. No obstante, con todo el panorama en contra, aún así, esta iniciativa es vista como una alternativa de transparencia cuando la reforma política estaría proponiendo condiciones más opacas a las existentes.

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