La reforma política es uno de los proyectos más importantes para el Gobierno Petro y, también, es uno de los más polémicos, especialmente por algunos puntos que despiertan las dudas de los legisladores.

Luego de más de diez horas de debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, el proyecto fue aprobado con varias modificaciones.

La iniciativa ahora se dirige a la plenaria de la Cámara para continuar con su trámite. Deberá ser aprobado por esta sala antes de que termine esta legislatura (16 de diciembre) para que pueda dar su segunda vuelta en el primer semestre del próximo año 2023 y llegar por fin a sanción presidencial.

De modo que, si bien al proyecto le falta un largo camino, que incluye otros cinco debates, su pasó por la Cámara lo deja con varios cambios importantes.

Así quedó el texto de la reforma política

Entre lo más destacado, se cayó segunda vuelta regional y el voto obligatorio, pero triunfó la financiación 100 % estatal, la conformación de listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros.

“Gracias a la bancada del Pacto Histórico y a las bancadas de Gobierno por el apoyo, y por supuesto a los partidos de oposición que han dado un debate con argumentos”, dijo el representante y ponente del proyecto, Heráclito Landinez (Pacto Histórico).

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¿Procuraduría perdería sus dientes?

Revivió un artículo que ya había sido descartado por el Senado: la Procuraduría General de la Nación perdería su competencia para sancionar funcionarios elegidos popularmente. Sin embargo, se trataría de la implementación de un fallo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, dice el texto aprobado por la Cámara.

El representante Hernán Cadavid dijo que con ello le estarían quitando “capacidad jurídica de instrucción de investigación y de sanción a la Procuraduría sobre todos los funcionarios públicos de Colombia, no solamente sobre los electos mediante voto popular. Están diciendo ‘limitaciones de los derechos políticos de las personas’. ¿Cuáles personas?”, cuestionó.

 

Mayores de 25 años podrían ser senadores y representantes

Si bien fue negada la propuesta de que jóvenes de 18 años puedan ser representantes, sí fue aprobado que mayores de 25 años puedan ser senadores y también ocupar una curul en la Cámara de Representantes. Actualmente para ser senador se debe tener más de 30 años de edad, pero con este cambio y de ser aprobado el proyecto, la edad requerida quedará unificada.

La lucha del Gobierno en los próximos debates será lograr que los representantes puedan tener desde 18 años de edad, por lo que el ministro de Interior Alfonso Prada dijo que volverán a insistir en esa propuesta.

“Tenemos la convicción plena de que los jóvenes 18 años tienen la capacidad de defender las causas más profundas. Vale la pena escucharlas en el recinto del Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han reconocido que el voto de los jóvenes fue determinante para cambiar el rumbo del país”, dijo Prada.

De congresistas a ministros

Luego de un fuerte debate al redor del tema, quedó abierta la posibilidad de que los congresistas puedan ser ministros. Fue aprobado el artículo nueve que hace una excepción en las incompatibilidades de los congresistas durante el periodo constitucional, luego de presentar una renuncia a la corporación.

Ese punto aprobado permitiría a los congresistas renunciar y ocupar un cargo o empleo público o privado. Así las cosas, podrían llegar a los ministerios.

(Lea después: De congresistas a ministros: la idea de la reforma política que suena y gusta en la Cámara)

La representante Catherine Juvinao (Alianza Verde) dijo que es “un retroceso frente a la Constitución Política de 1991. No se le puede prometer algo a la ciudadanía y llegar a hacer otra cosa”, dijo.

Igualmente Juan Carlos Losada (Partido Liberal), que también se oponía a la propuesta, dijo que “la democracia colombiana ha tenido que ponerle palanqueras al poder”, porque “no es transparente”, y varios congresistas podrían jugar a satisfacer al Gobierno para obtener un cargo.

El voto obligatorio se cayó

“El voto es un derecho y un deber ciudadano de obligatorio cumplimiento”, establecía el texto. Sin embargo, a través de una proposición de eliminación, el artículo diez, sobre esta materia, fue excluido por los representantes. También hubo consenso al respecto entre los coordinadores y ponentes.

(Vea también: Voto obligatorio no pasó en tercer debate; hubo consenso para hundirlo en Cámara)

Algunas de las razones por las que se ha caído el artículo tienen que ver con un retroceso en las libertades, así como que los congresistas consideran que sería inconveniente y no podría solucionar el abstencionismo electoral.

“Colombia no está preparada para el voto obligatorio. No tenemos las condiciones de logística ni seguridad para nuestros campesinos sean obligados a ir a una votación, que de pronto está siendo amenazado por grupos y actores al margen de la ley que muchas veces cohesionan su voto”, dijo el representante James Mosquera (CITREP- Chocó).

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